Milton Luna

Luchas sociales en AL

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7 de April de 2012 00:01

La persistencia de la crisis de los partidos políticos en América Latina y en Ecuador ha colocado a las organizaciones sociales y ciudadanas al frente de procesos políticos que interpelan a los gobiernos y les demandan no solo reivindicaciones sectoriales sino políticas generales. Tal hecho se desarrolla en el marco de una recomposición, fortalecimiento y protagonismo de un Estado que copa todo el escenario político restringiendo, en algunos países, la convivencia democrática, cuyo efecto más visible es la persecución y criminalización de los movimientos sociales.

La movilización social tiene múltiples rostros siendo los de los indígenas y los de los estudiantes los más visibles. Estos, al menos en Chile y en Colombia, tomando la bandera del derecho humano a una educación de calidad y del fortalecimiento de la educación pública han construido una plataforma desde la cual cuestionan el modelo político y económico de sus sociedades. En Bolivia, Perú y Ecuador, son los movimientos sociales, particularmente los indígenas que tras la defensa del agua se han lanzado a una lucha frontal contra la minería a gran escala demandando una nueva relación entre seres humanos y con la naturaleza a partir de la eliminación del viejo y poderoso esquema extractivista puesto nuevamente en boga por gobiernos centralistas cada vez más autoritarios.

Estas relaciones conflictivas y tensas entre Estado y sociedad civil serán analizadas en Quito del 10 al 13 de abril en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador PUCE, por la VII Asamblea de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (Clade). El tema central del evento abordará las temáticas de “criminalización de los movimientos sociales, los derechos humanos y la libertad de expresión” poniendo énfasis en las relaciones entre luchas sociales, derecho a la educación y condiciones democráticas de los países.

¿Quién es la Clade? Es una articulación plural de organizaciones y redes de la sociedad civil de América Latina y el Caribe “que actúa en defensa y promoción del derecho a una educación pública y gratuita para todos y todas”. Promueve “un nuevo modelo de desarrollo que responda al buen vivir, a la justicia social, a la dignidad humana y a la relación armónica con el medioambiente…”. Impulsa políticas educativas que reflejen la concepción de la educación a lo largo de toda la vida, que tengan un financiamiento adecuado y protegido, que incorporen un enfoque de igualdad y no discriminación, que valoren y dignifiquen la carrera docente. Concibe que esta lucha no puede darse sin un fortalecimiento de la democracia activa y participativa.

Bien venidas a las más de setenta delegaciones de 15 países hermanos. Sus deliberaciones y conclusiones se realizan en un momento altamente oportuno para el Ecuador y América Latina.