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En el 2002 se aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal, que se mantuvo sin reformas hasta el 2005, año en el que empezó a ser desmontada hasta su derogatoria definitiva en 2008. Ese proceso de destrucción progresiva de la Ley fue trágico porque eliminó los mecanismos que obligaban al Estado a generar ahorros. Un cálculo sencillo indica que de haberse mantenido intacta la ley, se hubiera ahorrado USD 40 840 millones, dinero suficiente como para no tener deuda pública y reconstruir todo Manabí sin aumentar un solo centavo de impuestos.

La ya referida Ley tenía tres temas centrales. El primero eran las normas que generaban ahorros; es decir, aquellas que frenaban el gasto y limitaban los déficits. Lo segundo era ponerle nombre al fondo donde se iba a colocar ese dinero. Y lo tercero era definir el destino que iban a tener esos ahorros.

Este artículo se centra en lo primero, las “reglas macrofiscales”, aquellos dos mecanismos que generaban ahorro. El primer mecanismo limitaba el crecimiento del gasto corriente del gobierno a un máximo de 3,5% sobre la inflación. Si eso se hubiera cumplido en todos los presupuestos desde 2003 hasta 2015, el gasto corriente hubiera sido mucho menor al real (sobre todo desde el 2008) y se habría ahorrado USD 19 004 millones.

Como todo cálculo hipotético, este es el resultado de varios supuestos y muchos “hubiera”, pero no es más que es la suma de las diferencias entre el gasto devengado de cada año, con la proyección del gasto del 2002, creciendo al 3,5% real anual (con gusto compartiré la base de datos usada para este cálculo con los lectores que lo soliciten).

La segunda “regla macrofiscal” era el resultado de pensar que 20 años después de aprobada la ley, el Ecuador podría no tener ingresos por exportaciones de petróleo; era una norma pensada en una realidad pos-petrolera y proponía que el “déficit fiscal no petrolero” vaya bajando hasta cero a un ritmo anual de 0,2% del PIB. Dado que ese déficit era de 4% en el 2002, esa reducción obligaba a que el gobierno deje de depender del petróleo para el 2022.

Si no se hubiera derogado esa norma, los ahorros hubieran sido mucho más grandes, porque justamente estaba diseñada para matar la dependencia del petróleo. Y si algo pasó en estos años es que nos volvimos casi “adictos” a los ingresos provenientes de la exportación de crudo.

Mantener la segunda regla hubiera producido ahorros de USD 40 840 millones, una cantidad mayor que la suma de la deuda externa, la deuda interna, lo necesario para reconstruir Manabí y lo que recaudará la nueva reforma tributaria.

Por cierto, al cumplirse la segunda regla se hubiera cumplido automáticamente la primera, por lo que los ahorros aquí señalados no se pueden sumar. Tampoco era necesario sumarle nada a esos USD 40 840 millones y tampoco es malo soñar en un país capaz de ahorrar.