No es la primera protesta contra los servicios de las aplicaciones que facilitan la economía colaborativa para la movilidad. El hecho es simple: por un lado está la legalidad de un régimen antiguo, y por el otro está la irrupción de unas prácticas sociales y económicas de un régimen nuevo aupado por la tecnología.
Ayer, los taxistas formales de Quito salieron a marchar. Tal como lo hicieron el año pasado sus colegas de Bogotá. O como en Santiago de Chile, Madrid, Ciudad de México, Guadalajara o Buenos Aires. Se llevan una certeza, según la respuesta del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que es donde dejaron su protesta: que dichas aplicaciones no tienen los permisos para laborar como empresas de transporte.
Mientras tanto, los usuarios no tuvieron empacho en activar esas aplicaciones y solicitar las carreras. Las dos empresas en mención han dicho que no se consideran empresas de transporte, sino plataformas de tecnología. Seguramente, si las declaran ilegales, los usuarios seguirán activando estas aplicaciones porque su servicio es personalizado: al contratarse la carrera se conocen las identidades del chofer y del usuario.
El trayecto es monitoreado, por lo que hay una mínima posibilidad de secuestros exprés o e asaltos a los conductores.
Si los taxistas formales pensaran en una actualización tecnológica, en ser taxistas amarillos 2.0 seguramente no se habrían paralizado, como ayer que dejaron de percibir al menos USD 15, que es lo que habrían ganado en las cuatro horas que se estacionaron. La inversión en tecnología es clave.
Es tedioso el camino de la confrontación ahora que los usuarios saben que pueden ir en un auto con aire acondicionado y con tarifas claras y sin que le nieguen el servicio. El tema del servicio anticuado de los taxistas formales fue motivo de risas en Twitter. Un tuit condensa con humor ese malestar por las prácticas de los amarillos 1.0: “Taxista 1: ¿Colega, va al paro? Taxista 2: ¿Dónde? Taxista 1: En El Arbolito. Taxista 2: uy, allá no voy”.