Lolo Echeverría Echeverría

La justicia al banquillo

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2 de agosto de 2014 00:00

¿Qué ha pasado con la Justicia ecuatoriana en el período de la revolución ciudadana? Las respuestas son diametralmente opuestas de los allegados de Alianza País y de los opositores. La respuesta que merece atención es la que viene de investigadores internacionales, auspiciados por organizaciones, que no actúan por intereses o pasiones políticas.

La Fundación para el Debido Proceso, de Washington, el Instituto de Defensa Legal, de Perú, y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, de Colombia, acaban de publicar un análisis realizado por Luis Pásara sobre “Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana”, que responde a la pregunta sobre justicia y revolución ciudadana.

El informe provoca tristeza. El poder siempre ha hecho de la justicia parte del juego político, es verdad, pero la Revolución Ciudadana dictó una nueva Constitución, tuvo el apoyo político y los recursos para rescatar a la justicia. Eso ofreció el Presidente cuando anunció que se proponía meter la mano en la justicia. El resultado es desalentador de acuerdo con las conclusiones de este estudio.

El informe consigna las dificultades para acceder a la información y la negativa de los principales funcionarios del Consejo de la Judicatura a conceder su versión, aunque ahora critican los resultados. En la primera parte examina 12 casos que tuvieron repercusión mediática y política porque involucraban al Gobierno y pusieron al descubierto la consigna de sancionar la protesta social y la disidencia política.

Aunque sea un estudio de carácter académico, no deja de estremecer el relato de la intervención de los funcionarios en la justicia, del propio Presidente de la República lanzando amenazas, pidiendo sanciones y desacreditando a los jueces. La utilización del Consejo de la Judicatura para implementar purgas de los jueces que actuaron con imparcialidad. Se constata con claridad, dice el documento, “el deplorable uso del sistema judicial, como instrumento al servicio de intereses gubernamentales, en contravía del respeto a la independencia judicial, y con altos costos para la institucionalidad democrática”.

Para los ecuatorianos el documento tiene un valor histórico importante. Este estudio impedirá que se olvide el proceso que siguió la politización de la justicia, quiénes mentalizaron la reforma, los nombres de los que fueron destituidos y los que fueron premiados por haberse doblegado ante el poder político.

Todos los ecuatorianos estamos obligados a conocer, meditar y debatir sobre estos temas; confiamos, dice el autor, “en que esta investigación aliente el debate y la acción de los propios actores judiciales como protagonistas de esta historia, y a los sectores académicos y sociales como coadyuvantes en la tarea de hacer valer la independencia judicial en los términos establecidos por la ley y los estándares internacionales”.

Lolo Echeverría / lecheverria@elcomercio.org