Farith Simon

¡Estás loco!

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¡Estás loco!Sentenció un amigo cuando comenté que creía que la prisión preventiva dictada contra Jorge Glas era excesiva. Traté de explicar, sin éxito, las razones de opinión. Estaba claro que el encarcelamiento de Glas se miraba como la única opción posible ante la cantidad de indicios que la delación de Santos, las grabaciones de Pólit y el informe que entregó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, habían dejado sobre su participación en el caso Oderbrecht. Era obvio que en el juicio de mi contertulio pesaba, además de su convicción de que el Vicepresidente en licencia era culpable, la antipatía que sentía contra el persona

El uso de prisión preventiva es un buen indicador de la calidad de la justicia en un país. Existen claros parámetros constitucionales e internacionales sobre la excepcionalidad y proporcionalidad de la misma, considerando que ésta se dicta cuando todavía no existe una sentencia condenatoria en contra de una persona, funciona como una suerte de pena anticipada contra alguien que se presume es inocente.

La prisión preventiva se debe dictar, de acuerdo a los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exclusivamente en aquellos delitos considerados más graves, cuando se cuenta con suficientes indicios de participación del investigado y únicamente con dos objetivos: que el acusado no afecte la investigación o pueda eludir la acción de la justicia.

En la consulta popular del 2011, impulsada por Correa, se introdujo un cambio en el alcance de la prisión preventiva que estableció la fórmula por la cual ésta no debía ser considerada como regla general, algo que reemplazó a la determinación constitucional de que esa medida era excepcional. Parece un juego de palabras pero con un impacto práctico significativo.

Un estudio sobre la aplicación de la prisión preventiva, publicado en el año 2015, daba cuenta de un llamativo incremento en varios países, entre los que estaba Ecuador, que se explicaba, en parte, por las inevitables presiones de los medios de comunicación, la opinión pública y los actores políticos demandando mayor seguridad y mano dura frente a la delincuencia. Todos ellos asumen, equivocadamente, que el número de personas detenidas es un indicador de éxito en la lucha contra la inseguridad. En ese estudio se hacía notar que en nuestro país la situación tenía una particularidad que agravaba la situación: el ‘rol de las autoridades, encabezadas...por el Presidente de la República’ que busca intimidar a los jueces’.

No se trata de defender la inocencia de Glas (en la que no creo); se trata de asegurar que se apliquen ciertos principios básicos en una sociedad que quiere organizarse a partir del respeto a los derechos, porque defenderlos, establecer límites al poder y asegurar el cumplimiento de las garantías, sin importar el personaje, es una protección para todos los ciudadanos. Por el contrario, aceptar prácticas abusivas por la simpatía o antipatía de quien defendemos o acusamos, nos pone en riesgo a todos de ser víctimas de los abusos.

@farithsimon