Andrés Vallejo

El lío de los pasajes

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A los años vuelve el lío del valor de los pasajes de transporte público de pasajeros. Durante un buen tiempo, el tema no ha hecho olas, porque la política de subsidios del Estado volvió innecesaria su revisión. Los precios de los insumos suben, el valor de la mano de obra, la mayoría de los componentes del costo de las cosas. Si analizamos cómo ha aumentado el valor de prácticamente todos los bienes y servicios desde el año 2007, en que se inaugura este Gobierno, comprobaremos cómo se ha encarecido considerablemente todo. La demanda ha crecido por la enorme disponibilidad de recursos en manos de la gente, en buena parte porque el gasto público ha aumentado enormemente, lo que permite demandar más y comprar más.

En ese escenario económico, que el valor de los pasajes se haya mantenido en tantos años ha sido posible porque el Gobierno ha labrado una relación estrecha con la dirigencia de los transportistas, que ha llevado a algunos de ellos a integrar las listas gubernamentales en las elecciones y a llegar a la Asamblea y a varios concejos municipales, desde donde ahora presionan. Y ha encontrado maneras de compensarles con exoneración de impuestos en las importaciones, facilidades para renovar las unidades de transporte, entrega mensual de dinero en función de la diversidad de pasajeros y el enorme subsidio al valor de los combustibles, que le cuesta centenas de millones de dólares al Estado. Tarde o temprano, los subsidios se vuelven insostenibles.

En este escenario, después de años de luna de miel, los transportistas solicitan la revisión de las tarifas, coincidiendo este pedido con la transferencia de la competencia del tránsito a los gobiernos seccionales, con lo que a los alcaldes les toca asumir la responsabilidad de la revisión, que parece inevitable, a menos que el Gobierno mantenga -y que posiblemente deba incrementar- los subsidios.

La discusión no se ha hecho en los aspectos técnicos. Los gobiernos municipales acusan al Gobierno de maniobrar para que sean ellos los que asuman el costo político de la operación. El Gobierno los acusa de buscar “autonomías a la carta”, para no asumir la responsabilidad completa. Es lógico que si tienen la competencia la asuman íntegramente, lo que no será posible si el Gobierno desmonta el esquema de subsidios que las municipalidades no pueden mantener, no sólo por el problema político que se presentaría, sino porque será el público el que sufra las consecuencias. Y también el Gobierno, porque es impensable creer que si una Municipalidad principal –Quito, Guayaquil o Cuenca- autoriza la revisión, esta no va a generalizar la subida en el resto del país. De ahí la lógica norma que dispone que las tarifas se fijarán en función de una política general que dictará el Gobierno.

¿Cuándo será posible que las cosas se resuelvan racionalmente y no como resultado de las simpatías o antipatías políticas de los gobernantes?

Columnista invitado