10 de May de 2010 00:00

El lío del agua

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Fabián Corral B.

El tema del agua se convirtió en un gran lío político para la Asamblea y el Gobierno. Para la sociedad será un dolor de cabeza. Para los dirigentes de movimientos sociales y comunidades, una ocasión para ejercer poder. Para los propietarios, un enorme riesgo. Para los cabildos y ciudades, una aventura.

La politización tiene consecuencias. Las tesis de la politización integral de la sociedad y de la movilización permanente, que se vienen manejado desde los tiempos de la Asamblea de Montecristi, han rendido ya sus frutos. Lo vimos la semana pasada: se perdió toda objetividad; el alboroto y el griterío reemplazaron a la reflexión; el debate democrático se transformó en turbamulta y en pedrea; la racionalidad legislativa deriva hacia concesiones que terminarán produciendo una ley inconveniente, escenario de la “guerra del agua”.

Esto ocurre cuando temas extremadamente sensibles para la sociedad se emplean como alfiles políticos. El agua es uno. Es probable que otro sea la reforma agraria, es decir, la minifundización del minifundio. O la “democratización de la propiedad y del capital”. O cualquier otro asunto por el estilo. El problema es que cuando esto ocurre, los “buenos propósitos” de un cambio se transforman en un galimatías que no entienden ni sus promotores, pero sí entienden, y muy bien, los “dirigentes” que descubren en la ingenuidad académica o en la novelería ideológica, la ocasión para afianzar poderes a costa de los derechos de los propietarios, los concesionarios de aguas, los regantes, y toda suerte de pacíficos feligreses que andan' en el empeño de trabajar, mientras avisados salvadores de oprimidos y otros tantos politiqueros, corretean tras las ventajas que dejan los remiendos de leyes hechas al apuro, a salto de mata, entre sustos y ruedas de prensa.

Casi todas las cabeceras de las fuentes de agua y una mayoría sustancial de los páramos están en manos de comunidades politizadas. Los dirigentes lo saben y por eso quieren sumar, al poder de hecho que tienen de “cortar” las aguas de riego o las de uso doméstico, el poder jurídico de ser juez y parte en el tema de las concesiones y la administración del recurso. Eso no se puede consentir. Si cede la Legislatura, habrá propiciado una ley que terminará enfrentando a los ecuatorianos, liquidando la producción y sometiendo a pueblos y municipios a la estrategia de unos pocos capitanes de la industria del bloqueo.

Nadie puede ser parte del órgano que administra un recurso en el que tiene intereses. Los dirigentes de los grupos movilizados no deben ser parte de la Autoridad del Agua, eso conspira contra el sentido común. ¿Y por qué no están, entonces, los propietarios, los industriales, o los camaroneros? Este y los demás son asuntos extremadamente delicados. Así deben entenderlo la Asamblea y su presidente. Si ceden, será un irreparable error.

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