Farith Simon

Libres de culpa

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28 de January de 2013 00:02

Una de las crisis más graves de un Estado de derecho rebautizado, por obra y gracia de la innovación neoconstitucionalista como “Estado constitucional de derechos y de justicia”, es la pérdida de confianza en la capacidad regulatoria de las leyes.

Una norma jurídica, en la teoría del derecho, es juzgada como eficaz tanto por conseguir sus objetivos, es decir su acatamiento o el cambio de una situación, o porque frente a su incumplimiento se despliegan todas las consecuencias asociadas a su irrespeto (coacción, responsabilidad, un estado diferente de cosas o una nueva obligación).

Es una obviedad decir que no existe posibilidad alguna de que una regla jurídica sea cumplida siempre, las razones pueden ser múltiples: una cultura ciudadana de irrespeto, no toda norma es considerada justa, no siempre está correctamente formulada, las antinomias –la existencia de normas contradictorias en un ordenamiento jurídico-, o el hecho de que siempre existirán personas que obtengan mayores beneficios incumpliendo las reglas que sujetándose a ellas, etc.

El irrespeto a las normas también puede ser resultado de “desviaciones” en la interpretación o aplicación, de quienes están llamados a velar por su observancia, ya sea por su incompetencia, falta de independencia e imparcialidad o corrupción.

La presente campaña electoral es un ejemplo de la distancia entre los fines declarados de las normas, su aplicación y la realidad. N os dijeron que las disposiciones aprobadas en Montecristi, y luego desarrolladas en el Código de la Democracia, nos asegurarían una organización y control electoral totalmente independiente; que estas reglas garantizarían procesos más transparentes y democráticos, así los candidatos sumarían adhesiones por sus propuestas y no por el dinero a su disposición; se impediría el uso de los recursos públicos para la campaña; se garantizaría igualdad de acceso a los medios de comunicación y se sancionaría cualquier forma de campaña sucia.

Esta campaña ha transcurrido en medio de permanentes denuncias de irrespeto a las reglas de juego e inacción de quienes son responsables de asegurar su cumplimiento. Incluso, las medidas adoptadas por infracciones a la normativa electoral generan la sensación de que la autoridad está mirando hacia “otro lado”, permitiendo que la balanza se incline a un solo lado.

Sería una ingenuidad atribuir todo a la composición del CNE, sin quitarles responsabilidad alguna, hay otros “culpables”.

Las normas vigentes facilitan muchas de las omisiones y abusos, afectando incluso a varios de sus autores y promotores antes defensores “a capa y espada” del nuevo diseño electoral, quienes ahora parecen convencidos de que al ser afectados por el sistema que ayudaron a crear han sido liberados de su responsabilidad histórica por la acumulación de poder en que nos encontramos.