Édison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, aprendió pronto que con el actual Gobierno tiene una tarea muy difícil. La reacción oficial frente a su comunicado de prensa, en elcual se “insta a Ecuador a velar por la seguridad del ciudadano detrás de ‘Crudo Ecuador’ y manifiesta preocupación porelseñalamiento de altas autoridades”, parece sacado de manual y seguro podrá ser usado como material de estudio de la actuación de nuestro Servicio Exterior en esta época revolucionaria y de gobiernos progresistas “bajo ataque”.
Es evidente que la Relatoría puso mucho cuidado en el lenguaje usado en el comunicado, gran parte de su contenido es una descripción de hechos. Califica las declaraciones y acciones del Presidente Correa -en contra de los que consideraba responsables de los insultos y las campañas difamatorias- como una expresión de “descontento” por las publicaciones de Crudo Ecuador y “de otros usuarios que lo insultaban”. Deja en claro que existió una denuncia del ministro Serrano, luego de que Crudo Ecuador recibiera las primeras amenazas en las redes sociales, y la condena del Presidente a lo que calificó como “excesos” en contra de Crudo Ecuador.
Lanza omitió describir o pronunciarse sobre ciertos hechos relevantes, por ejemplo ¿cómo se identificó a Crudo Ecuador? La información necesaria para hacerlo es privada y se encuentra bajo custodia del Estado. ¿Cómo accedieron a ella los responsables de las amenazas? Tampoco se refirió a los mensajes en redes sociales -emitidas por cuentas de personas cercanas al Gobierno- en las que se describían la reacción del amenazado antes de que el hecho sea público. ¿Cómo sabían esto? ¿Especulación? ¿Conocimiento directo de lo sucedido?
Pese a las omisiones y el lenguaje cuidadoso de Lanza, la Misión Permanente de nuestro país ante la OEA respondió al comunicado calificándolo de carente de “equilibrio, objetividad e imparcialidad”; reprochando el que no se haya referido a “las denodadas (sic) amenazas” contra la vida del Presidente y de no recoger las acciones “desplegadas por el Estado ecuatoriano para investigar y garantizar la seguridad no solo del administrador de la página Crudo Ecuador, sino de varios otros ciudadanos, incluyendo funcionarios públicos, que han sido amenazados, agredidos o difamados ya sea en persona, mediante llamadas telefónicas o por intermedio de redes sociales”. Acusa a la Relatoría de menoscabar “las acciones emprendidas por los gobiernos progresistas en nuestra América a favor de todos sus ciudadanos” y de negar ‘la calidad de ser humano de las autoridades electas democráticamente y que se encuentran en la dirección de los Estados’. Es evidente que la conclusión es absurda, pero ya sabemos que en esta época la “mejor defensa es el ataque”.
Lanza se quedó con poco margen de acción futura “amistosa” de cara al régimen Correa. Guardó silencio durante siete meses frente a lo que venía sucediendo en el país, y cuando decide hacerlo, inmediatamente es puesto “fuera de juego”.
@farithsimon