Enrique Echeverría

Leyes de urgencia

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El 28 de enero de 2014, la Asamblea Nacional, que es presidida por la señora Gabriela Rivadeneira Burbano, aprobó un nuevo Código Penal en el que -Art. 179- legisló lo que sigue: “Revelación de secreto.- La persona que teniendo conocimiento por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra persona y lo revele, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año”.

Entre los depositarios de secretos estarían los estudios jurídicos, los médicos, auditores externos y varios profesionales más.
Pocos días antes, la misma Asamblea Nacional, presidida por la misma señora Rivadeneira, aprobó la Ley de Solidaridad, según la cual los abogados deben emitir … “un reporte sobre la creación, uso y propiedad de sociedades ubicadas en paraísos fiscales, o jurisdicciones de menor imposición de beneficiarios efectivos ecuatorianos”… castigándolos duramente en caso de mantener el secreto.

De este modo, la misma Asamblea que ordena revelar el secreto –si es que existe y el profesional no descubre- castiga a quien lo revela, con la cárcel.

Estos son los productos de leyes trabajadas presurosamente, para cumplir con la voluntad del Jefe de Estado que acude al sistema de urgencia económica, por el cual deben ser aprobadas, modificadas o rechazadas en 30 días. Y si la Asamblea no satisface al Ejecutivo, el Presidente veta el producto legislativo y por cuanto en la Asamblea Nacional hay una mayoría de “amigos”, aceptan el veto, lo arreglan y, finalmente, la ley sale tal como la enviaron inicialmente.

Los legisladores ecuatorianos deberían observar los principios que contengan las leyes, que son la concreción del Derecho; y tener en cuenta la enseñanza de la Filosofía que enumera los siguientes valores: el Derecho es humano, bilateral, normativo, regulador, general, obligatorio, categórico, primordial y perfectible, según aparece en la obra del ilustre maestro ecuatoriano del Derecho, Dr. Jorge Villagómez Yépez, quien las impartió en la Universidad Central de Quito. Su inobservancia acarrea contradicciones y desatinos.

Leyes aprobadas a toda prisa por legisladores ‘amigos’ incurren por lo general en fallas serias como la de la revelación del secreto.
Y ahora se anuncia que el Jefe de Estado enviará nuevamente a la Asamblea, la Ley de Herencias y Plusvalía, que tanta resistencia produjo en el primer intento de hace meses. ¿Cuánta esperanza podrá haber sobre la posibilidad de que la misma Asamblea, con la misma mayoría, no apruebe tal Ley? En adelante, de aprobarse, se perderá todo estímulo para acumular riqueza y dejar a los hijos, ya que el heredero mayor será el gobierno de turno.

Permítanme una aclaración: el autor de esta nota no tiene herencia material para dejar a sus descendientes.

eecheverria@elcomercio.org