Pablo Ortiz García

Leyes 2012

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11 de January de 2013 00:01

¿Q ué nos dejó el año 2012 en el tema de expedición de leyes? En mi opinión fueron 365 días en que, en términos generales, se legisló con odio y revancha. Sin mirar hacia adelante, sino buscando destruir lo bueno del pasado. No construyendo algo positivo para el futuro. Legislaron sin orden. Con el afán de acabar con aquello que le estorbaba al gobernante y a su plan de acción de un socialismo del siglo XXI que nadie sabe de lo que se trata, pero las consecuencias se sufren día a día. Se está intentando controlar los medios independientes de comunicación.

Las instituciones públicas se encuentran bajo su mando. Solo les falta crear una policía secreta... ¿o ya la tienen? Estas tres prioridades las impusieron las dictaduras comunistas, hoy casi desaparecidas.

Como lo sostiene la Revista Quantum en su última edición, en referencia a las leyes expedidas en 2012, en “su gran mayoría contienen normas punitivas, prohibitivas y controladoras.

El Estado, o mejor dicho, el Gobierno, busca estar presente en todas partes, limitando la actividad privada...”. Son 10 las leyes que han sido publicadas en el Registro Oficial, todas ellas con el beneplácito o auspicio de Carondelet.

¡Cómo no decir que controlan y limitan las actividades de los particulares, sin dar oportunidad de generar fuentes de trabajo y generar más impuestos, si la Ley Reformatoria a la Ley General de Instituciones Financieras (marzo de 2012) crea el Defensor del Cliente, y prevé autorizaciones previas a las mutualistas para invertir su propio dinero! O la Ley de Regulación de los Créditos para la Vivienda y Vehículos (junio), por la cual se establecen condiciones para las instituciones prestamistas, y topes para el endeudamiento de los particulares.

La Ley Orgánica de la Defensa de los Derechos Laborales (septiembre), por la cual se confiere la jurisdicción coactiva a las instituciones del Estado, pudiendo cobrar las deudas de las compañías hasta a sus accionistas minoritarios.

Por su parte, la Ley derogatoria a la Ley de Burós de Información Crediticia (diciembre), impide que el sector privado pueda dedicarse a recabar información de las personas que se endeudan. Ahora esa actividad se la transfiere a una institución pública.

La Ley de Redistribución del Gasto Público (diciembre), se va en contra de un grupo de empresarios a los cuales no solo impone cargas impositivas discriminatorias, sino también busca determinar los sueldos de sus administradores.

En este año 2013 está en ciernes las leyes de agua, tierras, penal, telecomunicaciones, consumidores, todas ellas generarán discusión y conflictos. Es decir, un año en que la revolución ciudadana se puede empeorar, en perjuicio de la mayoría de los ecuatorianos que intenta vivir en un país sin futuro y con un presente limitado.