Marcelo Ortiz

La Ley de Tierras Rurales

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Hace 51 años, en 1964, la dictadura militar -que expulsó del poder a Carlos Julio Arosemena Monroy- expidió la Ley de Reforma Agraria. Creó un organismo máximo ejecutor con el nombre de Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (Ierac), para ejecutarla.

Esa novísima modalidad de política agraria se estaba extendiendo por América Latina, bajo patrocinio de la OEA y del Banco Interamericano de Desarrollo-BID-, que organizaron cinco cursos que duraban tres y cuatro meses en varios países, con el fin de extender su accionar coordinadamente. La finalidad era formar profesionales especializados en varias ramas: economía, ingeniería agronómica, derecho, sociología y la nueva especialidad en servicio social.

Esa fuente jurídica ha sido siempre autónoma e independiente del Ministerio de Agricultura, con el fin de dotarle de recursos suficientes para que desarrolle sus programas. Dicho Instituto programó la entrega de lotes en una base mínima de 50 hectáreas a personas naturales y a cooperativas en la zona de Santo Domingo de los Colorados y las dos vías de carretera. Una hacia el cantón Quinindé, por el occidente, y otra en dirección norte a La Concordia, cantón cercano a Esmeraldas.

A la vez, se intervino en millares de huasipungos de varias provincias de la Sierra por considerarse superficies pequeñas, que debían convertirse en propiedades de rendimiento económico, que mejorarían los ingresos de sus modestos propietarios.

Treinta años después, en junio de 1994, el Congreso Nacional debatió y expidió la Ley de Desarrollo Agrario, sancionada por el presidente de la República, Sixto Durán Ballén, que en el Art. 23 creó el Instituto Nacional de Desarrollo Agrícola.

Sin que se hayan analizado y difundido los resultados de esta Ley, en esta época correísta al cumplir ya una década, la Asamblea Nacional ha aprobado hace pocos días una Ley de Tierras. Lo democrático y técnico habría sido que, sin llegar a este nivel final, se hayan conocido proyectos e informes anuales sobre la situación agraria, porque es evidente que el Ministerio de Agricultura no ha informado sobre cuál ha sido su política en 10 años, y en ese camino apuntalar la expedición de una Ley-eje de la producción agrícola como elemento urgente para salir de la hegemonía económica petrolera, y así cambiar, en forma práctica, la matriz productiva.

Por la importancia que tiene una Ley Agraria de Tierras, debió difundirse su contenido previo al debate en la Asamblea Nacional, para que de esa manera emitieran criterios los sectores productivos de la Sierra, Costa y Oriente.