Farith Simon

Manifestaciones y verdad oficial

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Las importantes movilizaciones sociales que se produjeron la semana pasada y el debate político alrededor de los temas allí planteados (que no pueden ser reducidos a las cargas impositivas a la herencia y a la plusvalía), no deberían distraernos de hechos que tienen que ser considerados sintomáticos en la misión -la más peligrosa de todas- de establecer ‘verdades’ oficiales por medio de una compleja institucionalidad encargada de decirnos cómo, qué y cuándo informar, leer, entender y conocer.

Los dos años de vigencia de la Ley de Comunicación se celebraron con discursos contrapuestos. De un lado, los funcionarios de la entidades creadas por la norma, asambleístas y militantes del oficialismo hablan de “democratización” de la comunicación, de la difusión de la pluriculturalidad, de la cultura nacional, etc.

Presentan como prueba, de que la normativa no es peligrosa, el que no se haya cerrado ningún medio; sin embargo, estudios sobre la aplicación de la LOC dan cuenta de la forma abusiva y diferenciada de su aplicación, que promueve formas de censura indirecta y control de contenido.

Fundamedios, la organización de la sociedad civil más activa en la defensa de los derechos de comunicación y expresión, recibió amenazas de cierre por sus ‘alertas’, utilizando como sustento el infame Decreto 16, una pieza clave en el esquema de control del pensamiento.

Roberto Aguilar, periodista ahora convertido en bloguero, autor de descarnados análisis de la realidad política, que con estilo desenfadado e irónico ha puesto en evidencia lo absurdo del discurso y las acciones oficiales, ha sido llamado a ‘confesión judicial’ por parte del funcionario clave en el esquema de comunicación del Gobierno ya que, según consta en la citación, se considera ‘víctima de calumnias y desprestigio’; algo muy serio si consideramos el estado actual del sistema de justicia, que no asegura condiciones mínimas para un juicio justo cuando del otro lado se encuentra en juego algún interés del poder.

La cobertura de las marchas por parte de los medios públicos o controlados por el Gobierno, es un ejemplo del peligro que representa el control de la comunicación. Se difunde una versión oficial, en algunos casos con flagrantes violaciones a normas que se aplican de forma puntillosa a los medios privados, creando así un contexto de impunidad para unos y de rigurosidad abusiva para otros, situación inaceptable en una sociedad que pretende regirse por el derecho, la justicia y los derechos.

Esta, una grosera forma de impunidad instaurada por los órganos encargados de la aplicación de la LOC, estructural e ideológicamente dependientes, se ha visto facilitada por una serie de reglas y decisiones que dejaron fuera de cualquier control a las “piezas comunicacionales” de la Secom, a los enlaces nacionales, a las ‘sabatinas’, poniendo en total indefensión a los ciudadanos y ciudadanas que son atacados, vilipendiados, denostados, desde el poder.

Las marchas son una expresión de un hastío social frente a los abusos y una práctica incompatible con la democracia, la ‘producción’ de verdades oficiales.