Miguel Macías

La Ley y las Cámaras

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22 de March de 2012 00:01

La mayoría de las actuales Cámaras de la Producción dejan mucho que desear. Lejos están los años en que estas ejercían un verdadero poder en la República. A los presidentes de las Cámaras de Comercio e Industrias de Guayaquil y de Quito, se los consideraba prácticamente como ministros de Estado. Su opinión tenía peso en los gobiernos de turno, de lo cual carecen actualmente. Los afiliados a esas Cámaras, en contados casos, se sienten dignamente representados por sus principales personeros.

En un tema de tanta trascendencia como lo es la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, salvo honrosas excepciones como las declaraciones formuladas por Henry Kronfle en Guayaquil, Blasco Peñaherrera y Pablo Dávalos en Quito, sus principales personeros han brillado por su ausencia.

Me hubiera gustado que las Cámaras: hagan un frente común para defender la libertad de empresa que garantiza nuestra Constitución; que publiquen en los diversos diarios del país su opinión respecto a la prohibición de establecer en los contratos de distribución o venta exclusiva, cláusulas de no competencia y de asignación de ‘territorios’; lo que debe entenderse por posición dominante del mercado; sobre las conductas consideradas como abuso de poder de mercado y sobre las prácticas comerciales consideradas como prohibidas; sobre el organismo de control que va a ser juez y parte, el cual va a ser el único autorizado para resolver los recursos que presenten quienes se consideren perjudicados por las sanciones de las que puedan ser objeto; etc.; y que propongan públicamente nombres de candidatos a Superintendente de Control del Poder de Mercado, quien debería ser un técnico en la materia, totalmente apolítico e independiente, que no se preste para presiones de ninguna clase y especie.

El espíritu de la Ley, como manifesté en un artículo anterior, debe fundamentarse en la equidad y no puede estar dirigida ni orientada a crear organismos sancionadores de ciertas empresas que ocupan sitiales importantes en el mercado nacional. Debe fomentar la competencia en igualdad de condiciones para lo cual, entre otras cosas, debe eliminarse la facultad que se concede al Presidente para restringirla.

No creo, como lo manifestó en su oportunidad una importante empresaria (‘toniheredera’), de que la intención de la ley responde al afán del Gobierno de destruir las empresas que hay en el Ecuador, lo cual me parece una barbaridad (espero que ella esté completamente equivocada), pero sí creo que el Gobierno va a tratar de controlar el mercado local, según su conveniencia, lo cual puede ocasionar serias distorsiones.

A propósito del mercado, espero que los ministros Patiño y León logren que la Unión Europea acepte celebrar un ventajoso acuerdo comercial con el Ecuador.