Fernando Sacoto

Una Ley para la Salud

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En Salud la Constitución de Montecristi ordenó implementar un modelo de atención familiar y comunitaria con base en la atención primaria de salud; conformar la Red Pública Integral de Salud con instituciones estatales y de la seguridad social; y proveer gratuitamente los servicios en dicha red, entre otras disposiciones.
A ocho años del mandato la gratuidad se cumple a medias, la red tiene más obstáculos burocráticos que efectivo funcionamiento y en lugar del modelo preventivo familiar se ha fortalecido un modelo curativo hospitalario, con mega hospitales como expresión de una desacertada política sanitaria, “impulsada” por cinco ministros(as) sin hoja de ruta propia, peor común.

La Constitución de la República, por otro lado, mantuvo invariable la fragmentación del sector de la salud en Ecuador y la falta de coordinación entre el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social( IESS), que ha perpetuado crónicas duplicaciones e ineficiencias, tales como hospitales subutilizados uno enfrente del otro. Profundizó la dualidad de mandato de conformación de un sistema nacional de salud y otro de seguridad social, con similares atributos de universalidad y obligatoriedad, imposibles de lograr por separado.

En este restrictivo contexto, luego de cuatro años de iniciativas huérfanas de apoyo político, el gobierno y la Asamblea Nacional quieren aprobar al apuro un Código Orgánico de Salud técnica y políticamente limitado.
Como antecedente, el viejo Código de Salud, vigente por más de 35 años, fue sustituido por la Ley Orgánica de Salud de 2006, que actualizó y amplió normativas de control de riesgos para la salud. También a lo largo del tiempo y enfocadas especialmente en enfermedades individualmente consideradas, se fueron amontonando cerca de 40 leyes, poco o nada aplicables debido a la inexistencia de un sistema que las integre e implemente. La situación se ha mantenido inalterable, a despecho de la Ley del Sistema Nacional de Salud de 2002, reducida a simple declaración de buenas intenciones.

Lo señalado constituye sólido justificativo para una ley que, producto de un debate ampliamente participativo; técnica, política y financieramente sustentado, integre los esfuerzos aislados y dispersos del sector. Bien harían los flamantes finalistas de la contienda presidencial del 19 F y los asambleístas favorecidos por el voto popular en analizar con seriedad y responsabilidad el tema.

Es hora de colocar a la salud en el sitial que le corresponde en la agenda nacional de prioridades, con miras a establecer políticas de Estado, más allá de banderías electorales y coyunturas políticas.
Es éticamente inaceptable que se siga manteniendo su errático derrotero, peor aun cuando se han dispuesto de cuantiosos recursos dirigidos a deslumbrar la vista antes que a poner norte a la salud del Ecuador.