Cansados de experimentar con la estructura y funcionalidad de instituciones respetables e indispensables, como la Policía, con reformas parciales sin enfoque sistémico, parapetados en lo positivo de un gran equipamiento, ahora se busca a través de una Ley de Entidades Públicas y del Estado, crear organismos de corte parapolicial con todas las características de una Policía pero que por naturaleza y norma constitucional no son policiales, con el claro propósito de tener la amplitud de maniobra política, sin interferencia de una institución profesional como la Policía.
El argumento que se presenta es la necesidad de atender los problemas permanentes y apremiantes de la inseguridad ciudadana, para lo cual se pretende utilizar la vieja estratagema que figurativamente sugiere, matar con cuchillo ajeno, que para el caso de la referencia significa “socializar” una ley que fue duramente criticada por la opinión pública y por varios asambleístas, sirviéndose de argumentos ajenos aunque sean discrepantes con tal de obtener la aprobación de la ley.
Varios expertos en seguridad y personalidades públicas y del partido, fueron invitados a emitir su opinión e impulsar la pretendida ley de marras. Los planteamientos de los convocados, según se puede observar en los considerandos del informe para el segundo debate, son solo promocionales ya que no se asume en lo más mínimo las propuestas y recomendaciones.
No se atiende tampoco, a los proyectos de ley de seguridad ciudadana presentados desde hace varios años al entonces Congreso Nacional. Proyectos que proponen la conformación de un sistema de seguridad ciudadana, con estructuras a escala nacional, funciones con asignación de responsabilidades sobre la seguridad ciudadana, políticas públicas nacionales, sectoriales dentro del sistema estructural del Estado; sin crear entidades paralelas, que puedan generar distorsiones y confrontaciones.
El más antiguo de los proyectos es la Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana, presentada al Congreso en 2005, producto de seminarios internacionales en Quito, Guayaquil y Cuenca, inaugurados por sus respectivos alcaldes, organizado por Flacso, Ildis, Esquel, con el objetivo de crear una gobernanza de la seguridad con los sectores gubernamentales, públicos, privados, organismos internacionales, ONG, para diseñar políticas públicas y la propuesta de un proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana .
Comparativamente los tres proyectos de Ley de Seguridad Ciudadana, en manos de la Asamblea, guardan sólidas coincidencias en la conformación de un sistema de seguridad respetando a las instituciones y asentando responsabilidades y bases para la rendición de cuentas, además ninguna incluye una dirección que comande a la Policía y a las Fuerzas Armadas con el pretexto de proteger autoridades .