Sebastián Mantilla

Ley de injusticia laboral

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La flamante Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo No Remunerado del Hogar, en lugar de hacer honor a su nombre, tiene varios aspectos que son perjudiciales para la clase trabajadora del Ecuador.

Aunque el Gobierno prevé incorporar al sistema de seguridad social a cerca de 1,5 millones de personas no remuneradas del hogar, la cobertura será parcial. Cubrirá contingencias de vejez, discapacidad permanente, viudedad, orfandad y auxilio de funerales. Sin embargo, la prestación de salud, una de las más requeridas por las trabajadoras no remuneradas del hogar, no se incluye.

Y pese a que una parte de esta prestación tendrá un subsidio del Estado, este, en términos comparativos, será sustancialmente menor al 40% que venía aportando el Gobierno como subsidio a la seguridad social.

Según previsiones del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el reconocimiento del trabajo no remunerado del hogar generará en este año un ingreso para el IESS de USD 241 millones: USD 158 millones producto de las aportaciones personales y USD 83 millones como contribución del Estado.

Si comparamos con el monto que iba a estar destinado al pago del 40% de subsidio a la seguridad social, el cual se estima para el 2015 en USD 1 100 millones, el ahorro para el Gobierno es realmente significativo.

No obstante, hay que tomar en cuenta que en este valor se incluye el subsidio que sí mantendrá el Gobierno al seguro de las FF.AA.(Issfa) y al de la Policía l (Isspol), ratifican el criterio de inequidad e injusticia de esta ley.

El problema de fondo radica no solo en la eliminación del 40% del subsidio del Estado a la seguridad social (aliviando con ello las dificultades de liquidez que tiene el actual Gobierno producto de la baja de los precios del petróleo), sino en el traslado de esa obligación estatal a los propios trabajadores.

El establecimiento del techo a las utilidades, haciendo que el excedente que supere el monto de los 24 salarios básicos unificados sea destinado a las “prestaciones solidarias” y condicionar el alza de las pensiones al promedio de inflación anual, son un ejemplo de ello.

De igual modo, aunque desde el año 2006 al 2015 el número de afiliados creció de 1,4 a 3,1 millones y, por ende, los ingresos del IESS se han cuadruplicado, estos recursos no pueden ser usados para otros fines sino para mantener las prestaciones de sus afiliados. Por este motivo, la inclusión de personas no remuneradas del hogar dentro del IESS es un error. No cumple con criterios jurídicos y técnicos.

Si el Gobierno quiere ir hacia la universalización de la seguridad social, eso debería hacerse con recursos del Estado y no con los de los afiliados.

En otras palabras, lo que ahora se está haciendo con esta ley de “injusticia laboral” es eliminar un subsidio necesario y hacer que la carga de las nuevas prestaciones las asuman los propios trabajadores.