Walter Spurrier

¿Ley de incentivos?

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En un abrir y cerrar de ojos los poderes públicos aprobaron y reglamentaron una muy compleja ley que lleva de nombre de pila “De Incentivos a la Producción” (el apellido es otro). El reglamento lo expidió el Presidente desde Bélgica, donde disfrutaba sus vacaciones.

No está claro si el título de la ley es un eufemismo o si el Gobierno realmente piensa que la ley incentivará la producción.
Incentivos la ley crea, pero concentrados en dos tipos de actividades: los grandes proyectos estratégicos que impulsa el vicepresidente Glas, y la gran minería.

De los grandes proyectos, de solo de uno, la Refinería del Pacífico, se conoce al socio estratégico escogido. Se esperaba para cualquier momento que PetroChina firmase el compromiso que inicialmente requiere inversión por USD 10 mil millones, de los cuales USD 8 500 millones en créditos de bancos chinos. La refinería vendría atada a contratos de exploración y desarrollo petrolero.

El momento propicio para anunciarlo era la visita del Presidente a Pekín. China concedió importantes créditos, pero no se dijo nada de la refinería. Quizás, ante la necesidad de extender crédito para objetivos que contribuyan a apuntalar a la economía, se pospuso este proyecto.

Hoy, que la Ley de Incentivos cumple un mes, estaríamos más lejos de captar inversión en sectores estratégicos que lo que estábamos antes de su vigencia.

La ley trae cambios a la Ley de Minería en materia tributaria. Vistos en conjunto con un reciente decreto ejecutivo, dio la impresión que se acogían las preocupaciones de las empresas inversionistas, y que ahora sí despegaría la gran minería.

Para sorpresa, la información que difunden las mineras es que les preocupa profundamente que la ley grave las ganancias en la venta de derechos mineros. Típicamente, los contratos los firma el Estado con compañías nacionales expresamente constituidas para ese propósito y las empresas extranjeras tenedoras de las acciones esperan tener libertad para negociarlas, si sus planes estratégicos las llevan a perder interés en el proyecto.

No se entiende, entonces, para qué tanto esfuerzo en cambiar la ley minera, si la reacción de los supuestos beneficiarios es negativa. ¿No se concertaron los cambios con las mineras?
La ley no se enfoca en atraer inversión de las empresas que producen los bienes y servicios que consumimos. Lo más importante que estas esperan es estabilidad en la normativa empresarial, y el Ecuador está en proceso de frenético cambio del entorno legal.

En particular les preocupa a posibles inversionistas el nuevo Código Monetario, que deja abierta la puerta a la emisión de moneda electrónica sin respaldo en dólares. Si las autoridades quieren mantener y fortalecer la dolarización, se preguntan, por qué no aprobaron una ley que la blinde.

wspurrier@elcomercio.org