Rodrigo Fierro

El poder y la ley

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 6
Triste 1
Indiferente 0
Sorprendido 1
Contento 75

Otra sería la situación de los países iberoamericanos si en algún momento de su historia al imponerse la justicia se hubiera llegado al imperio de la ley, a la paz social, al camino del progreso.

El párrafo que viene no es producto de mis propios razonamientos. Los diálogos, apacibles unos, furibundos otros, que mantienen los personajes de ese gran escritor español Arturo Pérez Reverte en su obra ‘Hombres buenos’, nos llevan a la luz del entendimiento. Desde cuando el rey Carlos I de Inglaterra, acusado de traición y otros crímenes, en 1649 fue decapitado, el ciudadano inglés sabe que los dictados de la justicia llega a todos por igual, inclusive a los más encopetados y poderosos. Así, hasta el presente.

Con tal ejemplo, los revolucionarios franceses de 1789, animados de una lógica implacable decidieron que el rey Luis XVI, su esposa y centenares de miembros de la nobleza fueran guillotinados, contraviniendo así la ‘voluntad divina’, fundamento de los privilegios que gozaban dado el poder absoluto que ejercían. A partir de entonces, en Francia al menos la ‘liberté’ y la ‘egalité’ son patrimonio de sus ciudadanos.

Desde luego que en Iberoamérica, la de hoy, nadie en su sano juicio está pensando en degollar a nadie por graves que sean sus delitos. De lo que sí estamos sedientos es del ejercicio de una justicia independiente, no comprometida con poder o interés alguno. Lo que sucedió en Guatemala fue admirable: el presidente Otto Pérez fue destituido y llevado a prisión por atracador de fondos públicos.

La corrupción dentro y fuera del Brasil, con los mismos protagonistas. Petrobras, esquilmada metódicamente por políticos influyentes y altos ejecutivos. Cuando nos resistimos a aceptar los sobreprecios que nos imponía una constructora brasileña se nos amenazó con que el compañero Lula nos tiraría de las orejas y las relaciones ecuatoriano-brasileñas sufrirían serio quebranto. ¡Esa sed de justicia! La presidenta Dilma Rousseff, al borde de ser destituida. Lula da Silva, cuestionado en el papel histórico que le correspondió.

En nuestro país, la Comisión Nacional Anticorrupción, no gubernamental, se ha visto en la obligación de denunciar la compra de los helicópteros Dhruv y el sobreprecio para la construcción de la hidroeléctrica Manduriacu. De llegarse al punto de que la impunidad concluya, puede ser el comienzo de esclarecer hechos delictivos –empuñes (porcentajes) y asesinatos-, que se cometieron en tiempos pasados y recientes cuando las compras de armas, o en las obras públicas construidas en el actual Gobierno.

Entre los denunciantes: Julio César Trujillo, Isabel Robalino y Germán Rodas, ciudadanos sin tacha, así reconocidos por todos, hoy con juicios penales por el delito de pronunciarse. ¿Para que nadie se atreva a chistar? ¿Para que el miedo obnubile las conciencias?

rfierro@elcomercio.org