1 de July de 2010 00:00

La Ley de Educación Superior

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Rodrigo Fierro Benítez

El tema de la educación superior lo he tratado en numerosos artículos publicados en EL COMERCIO. En momentos en que el pleno de la Asamblea Nacional discute la Ley Orgánica de Educación Superior me asigno el derecho de opinar desde la academia una vez que durante más de 40 años fui catedrático e investigador científico en la Escuela Politécnica Nacional y en la Universidad Central.

Tanto en el Consejo de Educación Superior como en el de Evaluación y Acreditación debe hallarse un representante del Gobierno. Si este es responsable, y en principio todos deberían serlo, no cabe negársele el derecho de opinar sobre asuntos tan importantes como los asignados a tales organismos.

Formar bachilleres -etapa preuniversitaria-, idóneos para realizar estudios superiores es de incumbencia del Ministerio de Educación. Una vez que en la realidad, y en todos los países, la formación que se recibe en los colegios no es de igual nivel se impone la institucionalización de un ‘Examen de Estado’, de aptitudes y conocimientos, al que deben someterse todos los bachilleres para tener acceso a la educación superior. Nivelar conocimientos es obligación de ese Ministerio.

La educación en las universidades públicas debe ser gratuita. Se trata de una forma de redistribución de la riqueza y más en un país de inequidades como el nuestro. En cuanto a las particulares están en el derecho de organizar su régimen económico. Equivalente al derecho que les asiste a quienes optan por una de esas universidades.

La ‘esencia de la universidad’ es el respeto a las opiniones ajenas, la libertad de pensamiento. Un espacio abierto a todas las corrientes filosóficas. Comprendida así la autonomía universitaria tan solo cabe añadir que por ningún concepto el ejercicio de la docencia puede estar supeditada a razones que no se compadezcan con los méritos académicos. Aquí cabe una precisión: el docente tiene que atenerse a los programas de estudio, aquellos que universalmente se los considera imprescindibles cuando se trata de carreras científicas (quedan muy pocas que no lo sean).

La universidad está en el derecho de auspiciar y financiar una investigación que conduzca a ampliar los conocimientos o solucionar problemas en cualquier campo, y con mayor razón si el investigador responsable logra financiar su proyecto parcial o totalmente con fondos provenientes de fuentes nacionales no gubernamentales, extranjeras o internacionales. El Estado financiará proyectos de investigación considerados de interés para sus planes de desarrollo en todos los campos. Tal conducta nada tiene que ver con la autonomía universitaria y así lo han comprendido los países desarrollados.

La creación de una nueva universidad será una decisión de los consejos de Educación Superior y de Evaluación y Acreditación.

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