mortiz@elcomercio.org
Desde la existencia de la Ley Orgánica de Comunicación del 2013, se han instaurado 606 procesos en contra de periodistas y de medios; esto es, que en menos de cuatro años, la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom, entidad de control con amplias facultades para sancionar, inclusive económicamente, ya ha promediado 152 procesos en cada año, un número que revela por sí mismo el afán vigilante y hasta persecutorio a personas y entidades que, en uso del derecho a la libertad de expresión, emiten informaciones y criterios necesarios para comprender las relaciones del poder con la sociedad. Dentro de esos márgenes legales, los múltiples medios escritos, especialmente, han utilizado este derecho para bien de la sociedad ecuatoriana.
A los cuatro años de existencia de dicha Ley, se intenta poner en vigencia una Guía ampulosa de cien páginas para el análisis crítico y decodificación de contenidos; esto es, entrar en el fondo mismo de las palabras para inspeccionar su redacción, lo cual está en abierta violación a la libre expresión del pensamiento, garantizado mundialmente por la Declaración de los Derechos del Hombre desde su aprobación el 10 de diciembre de 1948 en el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas que en su art. 30 impide “a cualquier Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración”. Más aún, está vigente el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Adviértase el desafío violatorio que tiene esta Guía con categoría de Ley a estos principios universales, y a nuestras leyes internas.
En consecuencia, solamente el enunciado de colocar bajo una Guía a la información por medios de prensa escritos, radiales o audiovisuales, demuestra un retroceso a épocas ya superadas y duramente criticadas que vivieron los pueblos en países como Alemania, Italia y España en las épocas de Adolfo Hitler, Benito Mussolini y Francisco Franco en el siglo XX; cuando la libertad de expresión se practica en el mundo entero, con pocas excepciones.
Por último, ya se difunden conceptos de que los medios son un segundo poder por debajo del económico, y por encima del poder político, entre los cuales la prensa escrita tiene un primer lugar, seguido por los medios audiovisuales actualmente dotados de una tecnología que cada día se perfecciona sin necesidad de ninguna Guía. Esperemos que se ordene su archivo inmediato.