Contraviniendo su discurso democrático, el régimen del presidente Rafael Correa promueve en Ecuador una peligrosa arremetida contra la libertad de prensa, al más puro estilo de su mentor Chávez y sus seguidores Morales en Bolivia y Cristina Kirchner en Argentina. El objetivo de Chávez y sus satélites de la Alba apunta a menoscabar la credibilidad de la prensa incómoda que, fiel a sus principios, se niega a convertirse en cómplice o simple amplificador de los designios del régimen de turno.
Siguen una estrategia y un mismo patrón: por un lado se lanza una calumniosa campaña televisiva contra los principales medios. En Ecuador se ha hecho a través de ‘spots’ difundidos en horarios estelares de la programación del Mundial de Fútbol, en los que se repiten eslóganes como: “Ya nadie les cree”, “Libertad de agresión no, libertad de expresión, sí”, etc. En el fondo lo que se demuestra es la intolerancia del Gobierno a la fiscalización y la crítica de la prensa independiente, en una campaña doblemente inescrupulosa, pues se financia con el dinero del erario público.
Se pone en marcha una ofensiva judicial, valiéndose de magistrados politizados, pusilánimes o acomodadizos, para amedrentar y denunciar a periodistas o dueños de medios por cualquier pretexto y obligarlos a morigerar su línea editorial.
Luego, como sucede ahora en Ecuador, promueven proyectos de ley abusivos que no tienen ni pies ni cabeza y solo buscan cuadricular, callar y eliminar a la prensa libre. El proyecto de la Ley de Comunicación, su fondo y forma contradicen los compromisos internacionales asumidos por el Gobierno. El malhadado proyecto congresal introduce condicionamientos a la labor periodística, al estilo de la ley de Chávez, y alega que esta debe ser veraz, oportuna, contextualizada, etc. Se coloca una espada de Damocles a los periodistas, se deja a la arbitrariedad de un funcionario decidir qué nota cumple o no esas condiciones.
Se obliga a la colegiación de periodistas y se propone crear un sistema de comunicación social y un consejo de comunicación de corte intervencionista. También se contempla la obligación de los medios de transmitir en cadena nacional los mensajes del presidente y de una serie de funcionarios públicos, al modo del ‘Aló, presidente’ de Chávez.
El sistema democrático está en riesgo. Por ello, la ciudadanía y la prensa ecuatoriana han protestado contra este proyecto amordazador e intolerante que instituiría la censura, afectaría el pluralismo y cercenaría el derecho ciudadano al flujo irrestricto de la información y la opinión.
La comunidad internacional debe permanecer alerta. Se espera una reacción de la oposición democrática en el Congreso ecuatoriano, y un pronunciamiento firme y urgente de los organismos internacionales, como la SIP y la OEA.