Miguel Macías

Ley Antimonopolio IV

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2 de February de 2012 00:01

No hay duda que la gran mayoría de los empresarios locales ha tenido un espectacular crecimiento económico durante los cinco años de este Gobierno, debido en mi opinión, sobre todo al alto precio del petróleo, lo cual ha permitido que circulen en el mercado miles de millones de dólares durante este último quinquenio. Sin embargo, la Ley de Control de Poder de Mercado, conocida como Ley Antimonopolio, presenta grandes desafíos futuros, por lo que los empresarios tienen que mirarla con lupa y asistirse debidamente para no caer en las sanciones y multas que esta contempla.

En tres artículos anteriores manifesté que estoy de acuerdo en que debemos tener una ley que regule y controle los excesos que pudieran haber en el mercado y que se sancione las prácticas monopólicas y la competencia desleal, aunque mucho de esto ya lo contempla nuestra legislación.

El problema no es la posición dominante que una empresa pueda tener en el mercado, sino el abuso de esa posición; que no me parece adecuado que se faculte al Presidente de la República para restringir la competencia, argumentando razones de interés público, ni para definir políticas de precio; ni que se le otorgue al Superintendente de Control de Mercado facultades casi inquisitivas; que el negarse injustificadamente a comprar o a vender un producto o a prestar un servicio no puede considerarse como abuso de poder de mercado; que las sanciones deben tener relación con el perjuicio causado; que es inaceptable que se obligue a los accionistas de las instituciones financieras y de medios de comunicación, que posean el 6% o más de su paquete accionario, a vender las acciones que tienen en empresas ajenas a esas actividades, y peor aún, que esa obligación se extienda a sus directores; que es absurdo que se prohíba en los contratos de distribución o venta exclusiva, establecer cláusulas de no competencia, pues nadie va a otorgar un contrato de distribución exclusiva para que su distribuidor venda o distribuya productos similares o competidores con los suyos.

Espero que esa ley no se preste para persecuciones de ninguna clase y que se regule también la competencia del sector público, y no solo la del privado.

El espíritu de esta ley debe fundamentarse en la equidad y no puede estar dirigida ni orientada a crear organismos sancionadores de determinadas empresas dominantes en el mercado.

Los empresarios deben revisar los contratos que han suscrito con sus proveedores y con sus clientes, para asegurarse que no tienen acuerdos ni prácticas prohibidas por la ley, para evitar que se los sancione bajo el argumento de que han abusado de su poder de mercado.

En muchos países del mundo existen leyes antimonopolios, pero pocos tienen una ley como la nuestra.