León Roldós

¿Ley ‘urgente’ correísta?

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En circunstancias que hay expresiones de Lenín sobre el “correísmo”, (2007-2017), como ésta “…es muy probable que por lo menos un 60 o 70% de instituciones donde pongamos el dedo brote pus y creo que no alcanzaría un gobierno para juzgar todos los actos de corrupción”, el 1 de noviembre del 2017, el mismo Lenín envía a la Asamblea Nacional un proyecto de ley urgente con normas de inconfundible corte “correísta”, para extraer recursos a los contribuyentes, a fin de intentar superar los gravísimos problemas fiscales, consecuencias y secuelas de la corrupción que él acusa.

Una, se potencia el riesgo de castigo en los bienes personales y familiares de ciudadanos que han creído o creen en aquello de que en una compañía anónima o de responsabilidad limitada su inversión es el máximo de su riesgo, salvo que intervengan y decidan en la administración para trampear o hacer fraude, en que por esto podrían ser sancionados.

En el proyecto en trámite, por el simple hecho de ser socia o accionista una persona, en la parte proporcional, será responsable solidaria con todos sus bienes de lo que la autoridad tributaria, que no siempre tiene la razón, quiera cobrarle –y esto iría con coactiva, embargo, prohibición de salir del país u otras medidas cautelares-.

Accionistas ya quieren vender sus acciones a cualquier precio, ante ese riesgo.

O las traspasarán a membretes o a personas presta nombres. Así no se atrae inversión alguna.

Otra, en el proyecto se castiga severamente el derecho a deducciones cuando las personas naturales tengan un ingreso bruto mensual –antes de gastos- que apenas exceda de USD 3 000, deducciones que por años se ha supuesto corresponden a los rubros mínimos de costo de vida de la persona, no de la familia, condicionándolas a cargas familiares.

La carga tributaria real de ese segmento será una de las más elevadas de la región.

Correa tuvo rechazo por su intención de imponer el dinero electrónico de emisión privativa del Banco Central del Ecuador, como vía de pago del sector público, por el riesgo contra la dolarización que significaba, que se haga la emisión sobre papeles, certificados o bonos, y no sobre dinero depositado, a pesar que explícitamente la ley prohibía darle el carácter de obligatorio.

En el proyecto enviado al poder legislativo el 1 de noviembre, al mismo tiempo que le quita lo privativo al Banco Central, se establece la obligación de que todo el que tenga RUC acepte pagos por medios electrónicos.

Para que sea confiable la norma, debería explícitamente señalar que el respaldo de lo que se ponga en circulación electrónica nunca pueda ser de títulos valores sino exclusivamente de dinero a la vista.

Lenín, hay formas positivas y negativas de empujarle la silla, no permita las segundas.