11 de July de 2010 00:00

Legitimidad y resultados

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Julio Echeverría

En la última coyuntura de bloqueo parlamentario por la Ley de Comunicación, se pone a prueba el principio de legitimidad, el cual no se reduce a una de sus figuras, la de la ‘legitimidad de origen’ que es la que se obtiene en los procesos electorales, y a la cual acude permanentemente el Presidente para reconocer la validez de sus interlocutores. La politología contemporánea reconoce junto a este tipo de legitimidad que hablaría del ‘gobierno del pueblo’, otra que hace referencia al ‘gobierno para el pueblo’ y que define lo que se conoce como ‘legitimidad por resultados’; el desempeño político de los gobernantes se juzga por estos dos tipos de legitimidad, de allí que no sea suficiente acudir permanentemente a la legitimidad de origen, si no se está en condiciones de demostrar cómo está la legitimidad de resultados.

A tres años de la gestión de gobierno, este sigue apelando a su legitimidad de origen, mientras la legitimidad de resultados presenta un muy débil desempeño que se expresa no solamente en el insignificante 0,5% del crecimiento de la economía y en el estancamiento de los indicadores de pobreza que contrastan con el ingente gasto social.

La legitimidad de desempeño o de resultados atañe también a la realización del programa político del partido de gobierno, y en esa materia se aprecian también limitaciones, que en este caso atañen a la Asamblea Nacional y a la imposibilidad que esta demuestra, luego de tres años de funcionamiento, de aprobar el conjunto de leyes orgánicas que deberían operacionalizar a la Constitución de Montecristi, la cual se presenta como el programa político de Alianza País.

La legitimidad de resultados supone la capacidad que tenga la sociedad de acceder a información confiable e imparcial sobre la gestión de gobierno; en esta materia el panorama es borroso, no se cuenta con información suficiente y consistente, las instituciones que deben proveer de esa información a menudo la maquillan o modifican las metodologías de medición para llegar a resultados favorables a la gestión de gobierno; supone también la garantía de una libre circulación de ideas y opiniones que solamente puede garantizarse si existen medios de comunicación que no estén sujetos a amenazas y chantajes.

Es aquí donde se demuestra la falacia de las contorsiones políticas de la Asamblea y del partido de mayoría para aprobar la Ley de Comunicación.

Una comunicación controlada desde el Régimen sería el mejor expediente para controlar la legitimidad de resultados.

En ese contexto se volvería más clara la admonición de Jorge Luis Borges, para quien la democracia no pasaría de ser “un abuso de la estadística”.

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