Jorje H. Zalles

La legitimidad del poder

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Malcolm Gladwell, creativo pensador canadiense, busca explicar un hecho que llama la atención: entre los ciudadanos de varios países industrializados del llamado “primer mundo”, los de los Estados Unidos de Norteamérica tienen la tasa más alta de cumplimiento con el pago de sus impuestos y son, al mismo tiempo, los que menos fiscalización sufren y menores penas enfrentan por evasión tributaria. No es, dice Gladwell, la dureza del sistema legal y de los posibles castigos, sino una genuina convicción ciudadana la que subyace esa encomiable cultura tributaria.

La explicación que propone Gladwell de este interesante fenómeno merece ser resaltada: plantea que se debe a que, en su gran mayoría, los ciudadanos de EE.UU. consideran legítimo a su gobierno, y lo consideran así porque lo perciben como respetuoso, como justo, y como confiable y predecible.

“Respeto”, dice Gladwell, “significa que cuando yo protesto, el poder me escucha. El poder es justo cuando, si somos tres que están bajo su control, el gobierno nos trata a los tres de la misma manera. Y el poder es confiable y predecible cuando las reglas no cambian de la noche a la mañana y no despierto, a la mañana siguiente, en un universo completamente diferente”.

Estamos viendo profundas convulsiones en varios de nuestros países -Venezuela, México, Brasil, Chile- que parecen sustentar el argumento de Gladwell. Los gobiernos de los presidentes Maduro y Peña Nieto y de las presidentas Rousseff y Bachelet se encuentran confrontados con porciones significativas de sus sociedades civiles por temas que ponen en tela de duda su legitimidad en términos, precisamente, de respeto por los derechos ciudadanos, de un trato justo y equitativo para todos, y de confiabilidad en el manejo honesto, no corrupto, de los asuntos públicos y en el mantenimiento predecible del marco jurídico.

El reciente debate respecto de si los gobiernos de nuestros países debieron o no protestar por los abusos del poder en Venezuela giró en torno al principio de no intervención y la “legitimidad” de un régimen porque ha sido democráticamente electo. Ante esa visión de “legitimidad” se planteó la honrosa alternativa de la Doctrina Roldós, contenida en la Declaración de Riobamba que fue inspirada por el presidente Jaime Roldós y suscrita en 1980 por los mandatariosde Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica y Ecuador, y el Canciller del Perú. Esa Declaración estableció que por encima del principio de no intervención está el de la defensa de los derechos humanos.

Malcolm Gladwell ofrece argumentos de peso en la misma dirección. Que un régimen plagado de irrespetos por los derechos ciudadanos, de flagrantes injusticias y de galopante corrupción siga pretendiendo ser considerado “legítimo” solo por haber nacido de las urnas es simplemente inaceptable.

jzalles@elcomercio.org