Fabián Corral

Legitimidad y constitucionalidad de los tributos

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Los proyectos de leyes impositivas sobre herencias y plusvalía en la compraventa de bienes inmuebles, aparte de las connotaciones morales y económicas que plantean, y más allá de su cuantía, a todas luces desmedida, ponen en tela de juicio a dos conceptos fundamentales en los que se sustenta el derecho a la propiedad: la legitimidad y la seguridad. Y suscitan las preocupaciones de si el Estado tiene o no límites, y de si en el ejercicio de sus potestades puede o no someter los derechos fundamentales a un proyecto político.

1.- La propiedad es un derecho fundamental.- La Constitución del 2008, al incluir a la propiedad entre los “derechos de libertad” (Art. 66, Nº 26), esto es, en el mismo acápite de los derechos a la vida, a la integridad personal, a las libertades y al desarrollo de la personalidad, le otorgó el carácter jurídico de “derecho humano fundamental”, protegido, entre otros, por los principios y garantías constitucionales de no discriminación por causas socioeconómicas “ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos” (Art. 11, Nº 2). Las leyes que regulen la propiedad y su ejercicio están sometidas al precepto de que no pueden restringir su contenido y menos aún anularlo (Art. 11, Nº 4). Esto concuerda con la categórica prohibición de cualquier forma de confiscación y, además, con las limitaciones de orden público a la facultad de expropiación (Art. 323).

La Constitución, al incluir a la propiedad entre los derechos fundamentales, admitió el precepto jurídico de que “todos los derechos y principios son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía” (Art. 11, Nº 6). Así pues, todos aquellos que se declararon como “derechos de libertad” son jurídicamente iguales y gozan de las mismas garantías.

Hay que advertir, por otra parte, que la “función social de la propiedad” no justifica, en modo alguno, el menoscabo sustancial a ese derecho.

La Constitución de 2008 -además de la jerarquía normativa superior que jurídicamente le corresponde- goza de una categoría política que se impone y prevalece sobre la voluntad de gobernantes y asambleístas: fue aprobada por referéndum.
2.- El estatus constitucional de la familia.- La herencia es la dimensión económica de la familia. Es allí donde se gestan y cuajan los proyectos personales y donde encuentran cabida los esfuerzos de padres, madres, hijos, abuelos y abuelas. La “acumulación” que se cuestiona bajo ópticas ideológicas de connotación marxista, se produce como resultado de los planes familiares, de la iniciativa, del ahorro, del trabajo de generaciones, y de aquella idea simple, pero fundamental y moral de “asegurar el futuro y la vejez.”

La Constitución, en el artículo 67, y en el mismo acápite de los derechos fundamentales, (i) reconoce a la familia en sus diversos tipos; y, (ii) además, obliga al Estado a protegerla como núcleo fundamental de la sociedad, y a garantizar las “condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines”. Uno de esos fines es asegurar la superación, propiciar un mejor nivel de vida para los sucesores en el derecho, proyectar alguna seguridad hacia el futuro. La herencia cumple todas esas funciones, y cualquier afectación tributaria, o de otra índole, que menoscabe el derecho de los herederos, no guarda coherencia con la obligación estatal de garantizar las condiciones que hagan posible la prosperidad de la familia. Por esto también votó la gente en el referéndum de septiembre del 2008. Y esa “legislación del pueblo” obliga a todos.

3.- Los límites de la redistribución.- La redistribución de la riqueza como concepto político, y como argumento de los proyectos, no es un valor absoluto que opere por sí solo sin vinculación racional con el ordenamiento constitucional. La redistribución está sometida a los derechos fundamentales y a sus garantías. Las políticas públicas están claramente subordinadas a los derechos constitucionales (el de propiedad y los de la familia como núcleo económico). Según lo manda el artículo 85 de la Constitución, “… cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas…vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto”.

Si las políticas de redistribución contenidas en los dos proyectos de ley que comento afectan claramente a los derechos constitucionales, si resultan confiscatorios, si lesionan a la familia como núcleos de la sociedad y de la economía, lo que cabe es replantear los proyectos y, como señala la norma constitucional, corresponde conciliar los derechos en conflicto, tanto más que las potestades estatales son inferiores a los derechos fundamentales.

4.- La función redistributiva de los tributos.-Tanto el impuesto a la renta como el impuesto al valor agregado y, por cierto, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora, que corresponden a los municipios, existen en el Ecuador desde hace décadas. Esos tributos cumplen las funciones redistributiva de la riqueza y retributiva de los servicios y obras públicas, y esa es su razón de ser, de allí el principio de proporcionalidad y el hecho de que quién más gana y más gasta, más paga. ¿Cabe en esas condiciones y cuando la tributación se ha convertido en pilar fundamental de las finanzas públicas, gravar en forma desmedida a la propiedad privada, resultado del emprendimiento y no de la explotación?

fcorral@elcomercio.org