Farith Simon

Legitimidad y arbitrariedad

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No es nuevo en el discurso oficial la invocación a la legitimidad de una norma para desconocer una obligación o justificar un incumplimiento de una decisión, lo que funciona como una suerte de comodín que es usado a discreción.

Los más recientes ejemplos de esta forma de actuar incluye a Solca y lo sucedido con los estudiantes del Colegio Montúfar.
En el caso de Solca se tachó de ilegitima la obligación estatal de transferir 0,5 % del monto de las operaciones de crédito, que se efectúan en las entidades financieras del sector privado.

Ese dinero se cobra a cada ciudadano por una disposición normativa, es una contribución impuesta por una ley con una finalidad específica. Son recursos que pasan por el Estado, y eso les convierte en públicos, pero no son del Estado, somos los ciudadanos que recibimos un préstamo o un crédito en el sistema financiero formal los que pagamos parcialmente, de forma obligada, la atención de Solca.

Las personas comunes y corrientes no tenemos opción de resistirnos frente una la imposición normativa que encarece el crédito; no hay mucho que discutir, sin importar nuestra opinión al respecto, nuestros deseos, capacidad de pago o cualquier otra circunstancia, la legalidad se impone sobre nuestra voluntad.

Este Presidente y esta Asamblea legislativa nos impusieron esa contribución, y es esa misma autoridad quien ante la crítica social, por los atrasos en las transferencias, argumenta la ilegitimidad de la regla. 


Pero esto no es un hecho aislado, en estos días las autoridades de Educación desconocieron la resolución de la Junta Metropolitana de la Niñez y Adolescencia que ordena que se reintegre de manera inmediata a las clases regulares a los estudiantes del Colegio Montúfar.

La decisión fue tomada por una entidad que tiene competencia para ello, así lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia; pero sabemos que a quien está en el poder no le gusta que le contradigan, incumple una orden legalmente emitida usando argumentos que van desde la burda descalificación (es una Alcaldía de derecha), hasta la utilización de una instancia administrativa del Ministerio de Educación, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, para que emita una resolución que de “apariencia” de legalidad a un rampante incumplimiento de la ley.

Lo paradójico es que esta “junta distrital de resolución de conflictos” tiene como una de sus obligaciones asegurar que en el sistema educativo se cumplan las medidas de protección de la Junta Metropolitana de la Niñez y Adolescencia.


El discurso del “estado de derecho”, o del llamado “estado constitucional de derechos y de justicia”, se ha convertido en un traje a medida, en tanto conviene el contenido de la ley a los intereses del poder esta se cumple y se hace cumplir, cuando le es contraria inmediatamente se las tacha de ilegítima y se sienten habilitados a irrespetarlas, así la arbitrariedad y prepotencia se disfraza de justicia.