22 de June de 2010 00:00

Legislar ridiculeces

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Fernando Larenas

Si hubiese estado en vigencia la Ley de Comunicación jamás se hubiera podido difundir el informe de la denominada Comisión de la Verdad porque no recoge todas las versiones sobre un mismo caso: los derechos humanos, a los cuáles, al parecer, solo tiene acceso la militancia de izquierda.

Resultado: la información de la Comisión de marras no es verificada, no es oportuna, ni contextualizada, ni plural (artículo 10, derecho a la libertad de pensamiento y expresión).

Se trata de un informe sesgado, que no investigó todas las atrocidades cometidas por personas autodeclaradas en rebeldía, que desafiaron al orden institucional, cometieron asaltos, degollaron a un secuestrado y acribillaron por la espalda a policías.

Es que los defensores de los derechos de las personas parece que ignoran que los policías, los militares y los uniformados en general son personas, tienen familia, sentimientos, ilusiones, sueños, etc. Al parecer no hablaron con Viviana, hija del oficial de policía Eduardo Zea, quien aparece como torturador, pero en realidad fue asesinado por la espalda por una banda internacional de delincuentes auto declarada seguidora del Che y con eso bastaba.

A no ser que la ley y los derechos de las personas tengan ideología, el futuro es bastante incierto para los que siempre hemos tenido libertad de pensar, opinar y escribir.

Ocurre que, obnubilados por el poder, desesperados por acabar con todo lo que funciona bien, con sed de venganza y de revancha, intentan imponer una sola voluntad. Solo les faltaba meter sus narices en los medios de comunicación, el último baluarte del pensamiento libre.

Y lo hacen de una manera tosca, torpe, sin siquiera conocer la realidad de los medios de comunicación, sin los cuales jamás se hubiesen conocido los atropellos a los derechos humanos a lo largo de la historia política del país.

Los quieren silenciar para siempre si es que no se arrodillan a su voluntad. No les fue suficiente la enorme inversión de recursos para que el país disponga de medios públicos.

Nunca han administrado nada, creen que los recursos para la producción de programas caen como maná del cielo. Pretenden que la programación de la televisión tenga un 40% de producción nacional, no tienen idea de cuánto cuesta eso.

Es que nunca han trabajado en un canal y solo ven televisión por cable. El costo de producción es altísimo y los canales, para cumplir con la cuota, no tendrán otra alternativa que presentar interminables y tediosos foros políticos para llenar el espacio.

Otra alternativa, por ejemplo, sería reducir la programación que, en la mayoría de los canales ecuatorianos es de 24 horas, a por lo menos la mitad. Aún así no es fácil y pudieran quebrar; tampoco les importa, el Estado es todo, el emprendimiento es inútil.

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