Daniel Gutman
Ips
Las Abuelas de Plaza de Mayo dieron el 10 de septiembre de 2008 una de esas noticias con las que, periódicamente, reconfortan a la sociedad argentina y hacen presente el doloroso legado de la dictadura militar. Habían encontrado a otro –el número 95- de sus nietos robados y ocultos durante décadas bajo una identidad falsa.
Era Federico Cagnola Pereyra, hijo de Liliana Pereyra y Eduardo Cagnola, ambos secuestrados y desaparecidos en 1977, cuando ella estaba embarazada. El bebé había nacido en el más emblemático centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la época y entregado a una familia que lo crió bajo el nombre de Hilario Bacca.
Sin embargo, hoy, al cabo de una larguísima batalla judicial que aún no terminó, Federico Cagnola no existe más. El nieto 95 acaba de conseguir que la justicia lo autorice a conservar el nombre de Hilario Bacca, para indignación de las Abuelas. Es la primera vez que la justicia toma una decisión así, que recordó a los argentinos que las heridas de la dictadura (1976-1983) todavía están lejos de cerrarse.
“Pido a alguien que se ponga en mis zapatos. A esta altura de mi vida, en democracia, me quieren hacer desaparecer como Hilario Bacca y quieren hacer nacer un Cagnola Pereyra que, para mí, no existe. Es terrible”, dijo el afectado, que en febrero cumplirá 39 años.
Pero las Abuelas no tienen dudas de que esta decisión significa convalidar los delitos de lesa humanidad cometidos por los militares y los civiles que colaboraron con ellas.
En un comunicado afirmaron el 6 de enero que la sentencia “ha vulnerado los derechos de los familiares de Eduardo Cagnola y Liliana Pereyra y constituye una afrenta a su memoria. Se pretende una legitimización del despojo que sufrieron a manos del terrorismo de Estado y de sus apropiadores”.
Hasta ahora, son 121 los nietos recuperados, mientras permanecen desaparecidos unos 300, según los datos de las Abuelas, que desde 1977 luchan por devolver a sus familias a los niños robados durante la dictadura. En total, su represión dejó 30.000 personas muertas y desaparecidas, según cifras de organizaciones humanitarias.
Los apropiadores de Hilario, justamente, fueron condenados en 2013 a seis años de prisión al cabo de un juicio en el que confesaron que recibieron el bebé recién nacido, en febrero de 1978, y que lo inscribieron como su propio hijo biológico gracias a un médico que firmó un certificado de nacimiento falso.
“Me siento un títere en medio de cuestiones políticas y acusaciones generalizadas, dijo en aquel juicio Hilario, que ahora pide que no se mezclen sus confusos sentimientos con respecto a su identidad con el delito cometido por sus apropiadores: “El proceso de mis padres (así los sigue llamando) ya terminó y están condenados. Quiero que se dejen de mezclar estas dos cuestiones”.