Mientras más se acerca la lupa para conocer cómo se manejaron los medios incautados durante el gobierno anterior, más novedades encuentran quienes ahora tratan de identificar a los responsables de las fallas en donde se produjo tanta pérdida para el país.
Los problemas en los canales de televisión y en las radioemisoras son el reflejo de una pésima administración que priorizó la propaganda y no la gestión eficiente desde el ámbito empresarial.
Cada día salen a la luz denuncias de pagos irregulares, sobresueldos injustificados, contratos adversos, subvaloración de bienes, incumplimiento de procesos internos, entre otras novedades.
Como parte de las lecciones que deja este capítulo es que al Estado no hay que encargarle el manejo de medios. Además, es evidente la falta de apego a la normativa y la ausencia clara de lineamientos corporativos.
En medio de este penoso escenario se encuentran centenas de familias, que su única responsabilidad ha sido cumplir las órdenes de quienes en su momento estuvieron manejando estas empresas.
Ahora ellos sufren por estar impagos, no tener al día sus contribuciones a la seguridad social, acarrear las pérdidas en los balances financieros y, lo más crítico, el riesgo de perder sus empleos.
A través de las coordinación de las empresas públicas se buscan alternativas para que estos medios puedan mantenerse en el mercado. Por ahora no se tienen respuestas claras; lo único cierto es que esta irresponsable gestión la pagarán todos los ecuatorianos.
¿Qué opciones se pueden manejar? Una alternativa es la fusión de canales y radios con la empresa de medios públicos. Reducir costos y apuntalar a una posible rentabilidad sería válido, aunque eso demandará mayor inyección de recursos públicos en momentos en los que la Caja fiscal pasa una situación crítica. La teórica y casi imposible opción de venta entraría en esas posibilidades. Lo último sería el cierre, aunque -como siempre sucede- los mayores afectados serían los trabajadores. Ojalá esto no suceda.