Dimitri Barreto P.

La tortura de Estado

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Los 30 años sin Carlos Santiago y Pedro Andrés, sin respuestas, sin los Restrepo son una llaga abierta de la sociedad ecuatoriana; la llaga de la impunidad de los crímenes de Estado.

La Comisión de la Verdad documentó 118 casos de violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por funcionarios en Ecuador. La mayoría de ellos, 65, durante el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), un período en el cual los detenidos considerados ‘insurgentes’ que no colaboraban con la Policía eran ahogados, golpeados, colgados o reducidos con electricidad (la Comisión determinó 32 ejecuciones extrajudiciales en ese lapso).

Ese informe, publicado el 7 de junio del 2010, documenta casos de abusos entre el último año de gobierno de Osvaldo Hurtado (dos casos) y los dos primeros años del régimen de Rafael Correa (nueve casos); es decir, entre 1984 y el 2008.

Pero las violaciones a los derechos humanos estuvieron lejos de convertirse en casos investigados e irrepetibles. Entre 2010 y principios de 2016 se presentaron ante la Fiscalía General del Estado 170 denuncias por actos de tortura. Lo recoge el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, en sus ‘observaciones finales’ al séptimo informe periódico del Ecuador, presentado por el Estado con casi un año de retraso.

El 20 de enero del 2017, el Comité instó a Ecuador a garantizar que todas las denuncias fuesen investigadas por un mecanismo independiente, sin relación institucional o jerárquica entre investigadores y perpetradores.

Los especialistas de la ONU pidieron que se velara para que los sospechosos fuesen enjuiciados debidamente y, de ser declarados culpables, se les impusieran penas acordes con la gravedad de sus actos.

Sí. La ONU exige cuentas a Ecuador por sus delitos de Estado, crímenes que involucran a sus funcionarios, como las desapariciones de Santiago y Andrés Restrepo, de Gustavo Garzón o de David Romo, pero sus agentes, y políticos que lo ocultaron, siguen impunes.