Columnista Invitado

Del dicho al hecho

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Enrique Ossorio
En la actualidad, los Estados de Latinoamérica deben enfrentar la encrucijada de administrar los recursos públicos atendiendo dos agendas simultáneas y estratégicas para el futuro cercano. Por un lado, nuestras naciones vienen arrastrando deudas de siglos anteriores vinculadas con la necesidad de saldar dificultades básicas de la población, como terminar con el analfabetismo o la desnutrición, pero al mismo tiempo deben avanzar en los desafíos del siglo XXI.

Hablamos de definiciones de índole presupuestaria y de política pública. Nadie puede discutir la importancia de invertir en educación o en salud, pero con el correr de los años también ha adquirido mayor relevancia atender otros aspectos vinculados a las metas del futuro.

En este contexto, Ecuador está dando muestras de contar con una administración central inteligente, que ha logrado equilibrar las cargas trabajando por un lado para reconstruir el entramado social, restableciendo derechos y avanzando en políticas concretas para lograr un mayor desarrollo con inclusión, pero por el otro también generando acciones tendientes a incorporar innovaciones.

Sirva como muestra el título de una nota publicada recientemente por el diario La Nación de Argentina, que destaca que Ecuador es el primer país del mundo en contar con un sistema de billetera digital pública. Lo novedoso de este sistema está dado por el hecho de que la innovación es administrada públicamente, a diferencia de otros países que han desarrollado experiencias similares pero a través del impulso de emprendimientos privados.

La medida implica dos cualidades estratégicamente necesarias a la hora de evaluar una política de Estado, que son el impacto real de la acción en relación a la población beneficiaria y la coherencia entre lo que el Gobierno pregona como ideal de la gestión y lo que realmente logra llevar a la práctica.

En relación al primer punto, la puesta en marcha del dinero electrónico le ha permitido al pueblo ecuatoriano un ahorro de 3 millones de dólares por año, que es lo que cuesta recircular el dinero. Con respecto al segundo, el proyecto político de Rafael Correa tenía contemplado en su manifiesto del Buen vivir avanzar en esta dirección.

La intención de que no prevalezca el capital por sobre lo humano, se vio plasmada en una acción concreta. La inclusión que se propuso el Gobierno ecuatoriano, que lo pone nuevamente a la vanguardia, no se trata solamente de los derechos más básicos a los que debería tener acceso cualquier ser humano, sino como en este caso, de democratizar las herramientas financieras a través de las ventajas que brindan las nuevas tecnologías.

Al valor del equilibrio entre los objetivos tradicionales de la política y la posibilidad de innovar se suma la virtud de la coherencia, entre lo que se dice y lo que se hace. Ambas son fortalezas que se deben exhibir con orgullo y que muestran un gobierno con reflejos y capacidad de reinventarse.