La lucha de Alexandra Córdova es digna de aplausos. Después de cinco años de ir a contracorriente logró que la denuncia por la desaparición de su hijo, David Romo, sea acogida por la Comisión Interamericana de DD.HH.
De comprobarse que agentes estatales intervinieron en este lamentable hecho sentaría otro mal precedente para el país.
Apenas el lunes, Ecuador recordó 30 años desde la fatal desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo. La CIDH ya intervino en ese caso y el país admitió que lo ocurrido fue un crimen de Estado.
David no aparece desde el 2013. Lo último que se sabe de él es que estaba a bordo de un autobús, en la Mitad del Mundo.
El caso se convirtió en un verdadero laberinto. Un testigo fue asesinado, otro está prófugo y en la cárcel de Latacunga se halla recluido un sentenciado por el asesinato de un joven que tenían pistas de David.
Ahora resulta que en la clínica, en donde aparentemente estuvo internado el chico, también funcionaba un camal clandestino.
Su propietario está encarcelado, porque aparentemente descuartizó a Romo. Pero antes, él ya había sido capturado por supuesta explotación laboral a personas.
Es decir, Alexandra Córdova ha tenido que enfrentarse a una verdadera odisea.
En el sistema judicial también ha tenido tropiezos. De forma inexplicable, el expediente fiscal se mantuvo en reserva más de dos años y cuando finalmente accedió a estos informes se enteró que había boletas de captura que nunca se ejecutaron. ¡Increíble!
Esos documentos además contenían versiones de jóvenes que señalaban directamente a los policías, quienes habrían montado operativos, para detener ilegalmente a chicos, como David, y llevarlos a la clínica de rehabilitación.
¿Qué sucedió con esos policías? ¿Fueron investigados? ¿En dónde están? La autoridad dice que se indagó a “seis o siete” agentes, pero que no se halló responsabilidades. Han pasado demasiados años y hechos sospechosos. Es urgente que haya un baño de verdad.