Los diez años del correismo fueron nefastos para la democracia, la institucionalidad, las libertades, el respeto a los DD.HH., la paz social. Dividió a la sociedad, a las familias y dañó la cabeza a una parte de los ciudadanos, que se reflejó en la última consulta popular. Cómo puede entenderse que alrededor del 26 % de los electores se pronunciara por el no, en desacuerdo con la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, tema que va más allá de cualquier posición política.
El bloqueado para la reelección presidencial y sus seguidores ovejunos tuvieron la audacia de hablar que con la consulta se daba un golpe de Estado cuando ellos hicieron eso desde el comienzo de su mandato al liderar la salida a la fuerza de 57 legisladores. Por eso el autoritario no juró la Constitución de entonces, pero sí lo hizo con la de Montecristi del 2008, que también la violentó, metió manos en las justicia, hasta adecuarle a su medida con las enmiendas de 2015.
Con base en el mandato popular, que expresó su repudio a la corrupción, el desafío es desbaratar el rezago que queda en la mayoría de instituciones de control y la administración de justicia. Revisar con lupa el desempeño de los entes de control, que han estado alineados al correismo, salvo la última etapa de la Contraloría, cuyo encargado ha reivindicado la actuación del juez de cuentas en el manejo de recursos públicos y superar la etapa vergonzosa del anterior, que fuera designado por el cuestionado Consejo de Participación Ciudadana.
Examinar la actuación de todos los superintendentes, identificados con el correismo, aquellos corresponsables de los atentados contra la libertad de expresión y opinión y quien fuera cómplice de la crisis del seguro social, por dejar hacer y pasar hechos lamentables como la eliminación de la deuda del Estado en salud por más de USD 2 500 millones, que el nuevo Contralor revindicó y destituyó a los responsables del IESS. Se llegó a la audacia de declarar reservados los balances actuariales del Instituto, acaso hasta cuando colapsaran los fondos del seguro. Si tuvieran dignidad y delicadeza, luego del pronunciamiento popular todos debieran renunciar antes de que sean removidos.
Una vez que la Corte Interamericana desechara el apresurado y atropellado pedido de la Comisión Interamericana, de medidas provisionales en favor de funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana (que han representado al correismo y sus familiares), corresponde integrar el Consejo de Transición, con gente probada. Este hecho –que no se ha cerrado- ha sido una alerta para que el régimen emprenda urgentemente una acción internacional solvente, que ha estado ausente, con convincentes y sólidas explicaciones jurídicas de lo que ha vivido el país estos meses.