Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, secuestros y agresiones componen el pesado equipaje que se lleva de México la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
La visita iniciada el lunes por Pillay a este país finalizó este viernes tras entrevistarse a lo largo de esta semana con activistas, funcionarios gubernamentales y el propio presidente Felipe Calderón, para recabar información sobre la situación de los derechos humanos.
“No hay garantías para realizar nuestro trabajo. Es necesario poner sobre la mesa el tema de los defensores de derechos humanos”, señaló a IPS la abogada Gabriela Morales, del Centro de Derechos Humanos del Migrante (CDHM).
Esa organización no gubernamental cerró a fines de junio, a causa de intimidaciones, el proyecto Iniciativa Frontera Norte, orientado a la atención a emigrantes mexicanos deportados de Estados Unidos y a inmigrantes centroamericanos en ruta hacia la potencia del norte, en la norteña ciudad de Nuevo Laredo.
La historia de este proyecto, que también se ejecuta en las localidades de Tijuana, Agua Prieta y Ciudad Juárez, todas fronterizas con Estados Unidos, ejemplifica la riesgosa labor de los defensores de derechos humanos, acosados tanto por las bandas del crimen organizado como por agentes gubernamentales.
Desde el 2005, fueron asesinados 27 activistas, según la gubernamental pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Dentro de la vorágine de violencia que acorrala a México se destacan los promotores de los derechos de los inmigrantes y de los pueblos indígenas, se suman los periodistas.
Este año se registraron siete casos de agresiones a defensores de los indocumentados, en comparación con los dos ocurridos entre octubre del 2009 y el mismo mes del 2010, según organizaciones de derechos humanos.
Asimismo, 73 periodistas fueron asesinados desde el 2000 y 12 permanecen desaparecidos, según el recuento de la CNDH, cifras que convierten a México en el país más riesgoso para el ejercicio de la profesión en América Latina.
“Hay un alto número de agresiones cometido por agentes del Estado que no ha sido investigado, porque hay total impunidad”, aseguró a IPS el director de la no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Juan Gutiérrez, quien se reunió con Pillay.
Luego de asumir la Presidencia, en diciembre del 2006, Calderón desplegó al Ejército para combatir a las organizaciones de narcotraficantes que se disputan las rutas de distribución de drogas ilegales hacia Estados Unidos, una campaña que provocó la muerte de más de 40 000 personas, según el Gobierno.
Más de 45 000 soldados se hallan involucrados en la lucha contra las drogas. La estrategia antimafias incrementó las violaciones a los derechos humanos.