El refrán es conocido “cada ladrón juzga por su condición”. Lo que Lenín Moreno está permitiendo conocer –y falta lo de las negociaciones con las empresas chinas, las constructoras, las mineras, las supuestas pre-ventas de petróleo- y lo que salta en los juicios de Odebrecht, llevan a pensar que el refrán habría sido una realidad en la década de Correa.
Las personas jurídicas y las naturales fuera del entorno del poder fueron satanizadas. Los actores de los espacios de control y de la justicia, salvo contadas excepciones, actuaron como marionetas del poder, en el encubrimiento de la corrupción y en la persecución contra sus críticos.
A aquéllos que decían “no me meto en nada, para que nada me pase”, también le caían los palos, en la insaciable práctica gubernamental de apropiarse de recursos, para luego direccionar buena parte del gasto público a la corrupción.
El gobierno de Correa fue excelente cobrador –con intereses y multas- salvo a los que no quería cobrar, pero pésimo pagador de lo que debía pagar –y sin intereses- multiplicando trabas burocráticas, salvo a los privilegiados con el “dedazo” del poder.
A Moreno no le dejaron la mesa servida, sino la mesa saqueada.
Por todo esto, preocupa el proyecto para la supuesta reactivación económica que está en la Asamblea, porque su dirección es similar a la de la época de Correa: satanizar a las personas jurídicas y naturales, a fin de supuestamente recaudar más para el fisco.
La fraseología de que los que se niegan a más tributos, son evasores –en conjunto- de miles de millones de dólares, debería evidenciarse con nombres de empresas y de quienes están atrás de aquéllas. La generalización de la fraseología pasa a encubrir a tales evasores o por lo mens elusores, de existir éstos.
Y el problema no es sólo de tarifas tributarias, sino también de mayores costos por la satanización.
A las personas naturales profesionales, inicialmente con una base de ingresos brutos de fuente de trabajo profesional o no de USD 300 mil – no netos, que sería la renta a gravar- base movible, o sea podría bajar a cualquier nivel, USD 100 mil o menos, no sólo se le obligaría a facturación electrónica en línea –con costos tecnológicos por esto- haciendo además de agente de retención, sino también a llevar contabilidad –otro costo adicional de personal y tecnológico- de activos, pasivos, ingresos y gastos, con balance mensual, en que hasta lo mínimo personal debe incluirse, y con pago de anticipo de impuesto a la renta, sobre el cálculo del ejercicio anterior, como que sean programables in crescendo los ingresos profesionales. Mejórese el actual sistema de información obligatoria mensual de ingresos y gastos profesionales, pero no se profundice su satanización.