Jorge Gallardo

Laberinto

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2 de December de 2012 00:02

En la entrega anterior nos referimos a los fondos buitres, que son vehículos especulativos que compran en el mercado papeles que están impagos con el objetivo de recuperar el total de su valor nominal más los intereses vencidos que se han acumulado. Debido a que la diferencia entre el precio de compra y el valor nominal del papel es grande, tienen suficiente espacio para gastar en abogados que se encargan de seguir al emisor como perros de presa. En la década de los setenta del siglo pasado, estos fondos compraron créditos comerciales otorgados al Perú que estaban en los libros de bancos que rehusaron canjearlos por bonos llamados Brady. Cuando el agente financiero del Gobierno se aprestaba a pagar a los tenedores de los nuevos bonos, estos fondos lograron una autorización judicial para acceder a esos recursos y cobrarse lo que se les debía. Esa es la situación en la que se encuentra la Argentina, país que por orden judicial tiene que pagar a la par más los intereses vencidos papeles argentinos que no entraron al canje. Además, el juez ha determinado que si el Gobierno desea presentar una apelación lo puede hacer pero previamente debe depositar el total del dinero que reclaman los fondos, los mismos que deberán permanecer en una cuenta provisional hasta que se resuelva la apelación. Esta situación abre las puertas a los demás tenedores de papeles argentinos para que soli-
citen al mismo juez un tratamiento similar. En total se estima que la cifra podría sobrepasar los USD 7 mil millones. La fecha límite que tiene la Argentina para proceder es el próximo 15 de diciembre, día en que el banco fiduciario deberá hacer el pago a los tenedores de los bonos canjeados. Si el Gobierno decide no pagar a los fondos, el banco no podrá pagar a los inversionistas causando que la Argentina caiga nuevamente en moratoria. Si esto fuera poco, un juez de Ghana, a petición de los abogados de los fondos y aprovechando una visita del Buque Escuela de la Armada Argentina, ordenó su embargo hasta que se cancele lo que se reclama. En el Ciadi, la Argentina enfrenta demandas de empresas extranjeras por USD 65 mil millones. Debido a que las relaciones con el FMI están rotas, el Gobierno no puede cancelar más de USD 7 000 millones que adeuda a los Gobiernos del Club de París. La inflación del país es una de las más altas del mundo. Ante la salida masiva de capitales, el Gobierno decidió poner restricciones y controles a los flujos de capitales. La bonanza de precios de los productos agrícolas no ha sido suficiente para mantener un crecimiento sostenido. Los argentinos reclaman y se manifiestan contra el Gobierno y este se rehúsa a cambiar de rumbo haciendo más difícil la salida del laberinto en que se encuentra.