Andrés Jaramillo

La agenda oficialista copa a los partidos

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Cuando el país enfrentaba la mayor polarización política, la iniciativa del diálogo nacional copó la agenda pública, en el arranque de la administración de Lenín Moreno.

Luego, conforme la situación económica se agudizaba, se puso en primera línea el combate a la corrupción. Ahora, en cambio, cuando las urgencias fiscales agobian al Estado, son el proceso de la consulta popular y la crisis política en Alianza País (AP) los que marcan el discurso público.

Lo político y comunicacional se ha impuesto nuevamente a la realidad económica. Durante más de una década, la Revolución Ciudadana se especializó en levantar cortinas de humo. La sociedad civil, los partidos políticos, los colectivos sociales, activistas y gremios asumieron una posición crítica frente a esas maniobras en el Régimen anterior. Incluso a contracorriente.

El oficialismo hizo todo para debilitar a la organización persiguiendo judicialmente a los opositores y creando organismos paralelos para dividirlos. También adecuando un marco jurídico para tener más control sobre las organizaciones no gubernamentales y estableciendo reglas electorales para dejar a un lado a partidos tradicionales.

Todas esas circunstancias influyeron para que los colectivos no puedan renovarse, impulsar procesos de formación de nuevos cuadros, crear más espacios de debate, fortalecer la participación ciudadana y mejorar la trastocada institucionalidad.

Esas circunstancias, no obstante, han comenzado a cambiar. El Gobierno no ejerce la misma presión que el anterior, parte del marco regulatorio se ha flexibilizado y hay más espacio para la organización social.

Pese a eso, la mayoría de partidos políticos y gremios insisten en seguir con la agenda oficialista. Han optado por subirse a la ola de la consulta popular, al combate a la corrupción y al respaldo al Presidente, en lugar de aprovechar el nuevo escenario para recuperar esa capacidad de organización y de involucramiento con la ciudadanía.