19 de May de 2010 00:00

¿Justicia?

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Manuel Terán

Desde que la novelería se instaló en algunas aulas universitarias y ciertos preceptos fueron abrazados como dogmas de fe, el deterioro de las instituciones ha sido permanente hasta llegar a extremos que nos quieren hacer pasar prácticas bárbaras como una forma de “justicia” que debemos aceptarlas o tolerarlas, a pretexto que son costumbres propias de los pueblos originarios. Nada más descabellado que aquello. No existe en el Derecho ni en la Doctrina jurídica internacional norma que permita o estimule la aplicación de penas infamantes, léase castigos corporales u otra clase de atropellos en contra de la dignidad humana. A título que se ha aprobado una nueva Constitución o que el país ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, varias personas consideran que los pueblos indígenas están permitidos a aplicar sanciones en plazas públicas, con prensa de por medio, que se parecen a los métodos inhumanos que se ejecutaban siglos atrás antes que se desarrolle la ciencia del Derecho y, en particular, se produzca el auge de la defensa de los derechos humanos.

Esta es una gran hipocresía. Se pretende condenar prácticas contrarias al Derecho en otras latitudes, pero en este país nos hacemos de la vista gorda ante estos vejámenes inaceptables. Lo que es peor, a fuerza de haberse convertido en una práctica común, la población ya ni siquiera se alarma cuando los noticieros nos dan cuenta de estos supuestos “juzgamientos”. Es verdaderamente preocupante que la gran mayoría se haya vuelto tan indolente ante este evidente atropello de los más elementales derechos. No podemos continuar así. Es momento que la población reaccione. Las autoridades, los legisladores, las universidades, la opinión pública no pueden permanecer impávidos mientras se reiteran estas prácticas como que si fuese algo normal. Debe entenderse que todo sistema de derecho tiene límites, en el mundo moderno las doctrinas más avanzadas nos indican que bajo ningún pretexto se puede atentar contra la integridad humana, tan simple como aquello.

Es tiempo de parar esta barbarie. Que se aplique la justicia indígena para resolver sus problemas, de acuerdo, pero con respeto a los derechos humanos. Tiene que haber una normativa que especifique la materia, las jurisdicciones, los sujetos sobre los que dicha justicia debe aplicarse; y, como en todo sistema jurídico por elemental que sea, la garantía que todo sujeto no sea vejado ni humillado, peor agredido u ofendido en su condición humana. Un sistema que no tenga esos parámetros no aplica justicia ni repara el derecho del ofendido: lo que busca es venganza. Es preferible correr el riesgo de ser señalado como una persona que no comprende a cabalidad las instituciones indígenas, antes que permanecer inmutable ante prácticas execrables que nos hace sospechar que, en algunos temas, aún hay quienes piensan como si estuviesen en el siglo XV.

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