Farith Simon

¿Justicia que se ve?

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31 de March de 2014 00:01

En estos días las "rendiciones de cuentas" de las entidades públicas se multiplican; eventos (algunos fastuosos) en los que se da a conocer, por si no lo sabíamos, las grandes obras y transformaciones que se han realizando en esta época de revolución ciudadana, la "evidencia" del "milagro ecuatoriano" y de esos logros que nos colocan -dicen- como la "mejor" o uno de las "mejores" naciones en tantos temas que ya hemos perdido la cuenta.

La "transformación de la justicia" ha sido uno de los cambios institucionales más publicitados. Todos los números que se presentan oficialmente, desde el Consejo de la Judicatura, muestran esa mejora. Cito algunos ejemplos: reducción de las audiencias fallidas de 29,2% en el 2012 a 9,6% en el 2013; de 5 jueces por cada 100 000 habitantes en el 2012 pasamos a 11 en el 2013; tenemos 100 nuevos mediadores y 44 nuevos centros de mediación; 853 dependencias judiciales en todo el país; 26 servicios de justicia construidos o remodelados en el 2013 con miles de metros de construcción; incremento en el número de las sentencias en materia penal, etc.

Los números son impresionantes, sin embargo en los informes de rendición de cuentas y en la página web del Consejo de la Judicatura no se puede encontrar información que permita entender el funcionamiento del conjunto del sistema de justicia: no se conoce la cifra de causas o demandas presentadas a escala nacional, la distribución de estas por materias y unidades judiciales, las rechazadas y las que se encuentran en trámite, las sentencias emitidas, los recursos pendientes, los promedios de duración de los procesos, etc.

Con seguridad en alguna parte del sistema de justicia existe esa información, insumo indispensable para el diseño de políticas públicas, sin embargo los ciudadanos no tenemos acceso a ella en los términos y condiciones que establece la legislación sobre acceso a la información pública. Ni en los llamativos folletos o los grandiosos eventos se entregan los datos requeridos para establecer el alcance real de los avances del sistema de justicia, más allá del recurso humano y la infraestructura.

En estos días el Colegio de Abogados de Pichincha, por ejemplo, remitió una comunicación al Consejo de la Judicatura, en la que expresaba la preocupación por el funcionamiento de la justicia en materia de familia, niñez y adolescencia; en esa carta se afirma que pese a la mejora de la "infraestructura y tecnología, y mayor número de operadores de justicia" no se puede verificar "por ningún lado cuánto ha incidido aquello en el aumento cuantitativo y cualitativo en lo referente al despacho de causas", es más el gremio de abogados asegura que existen "evidentes signos de colapso".

Esta situación denunciada impacta a personas concretas con necesidades acuciantes, víctimas de violaciones a sus derechos a quienes no parece haberles beneficiado la publicitada transformación de la justicia.