27 de April de 2010 00:00

Justicia universal

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Federico Chiriboga V.

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El tribunal arbitral en el juicio propuesto por Chevron contra el Estado ecuatoriano, al amparo de las normas de la Comisión de las Naciones Unidas, Uncitral, acepta las pretensiones de la demandante por el retardo injustificado en la administración de justicia por parte de nuestros jueces, lo que en derecho internacional se entiende como denegación de la misma.

Los argumentos del Tribunal llevan a un tema que cada día adquiere mayor relevancia: la jurisdicción universal.

Una de las características del Estado moderno era el monopolio de la potestad de legislar y de administrar justicia, dentro de los respectivos territorios. La interdependencia de los Estados, las relaciones comerciales, la universalización de los derechos humanos, entre otros factores, han erosionado el concepto tradicional de soberanía, en cuanto han limitado la capacidad estatal para la creación y aplicación del derecho. La migración, el terrorismo, el lavado de dinero, la piratería han ido creando situaciones jurídicas que trasvasan las competencias nacionales, en cuanto demandan regulación internacional. Por exigencia de delitos que han adquirido tipificación universal, el derecho penal es el que más se ha internacionalizado, desprendiéndose de ciertos principios que le inspiraban, como la jurisdicción territorial y el juez natural.

Estamos en un proceso de expansión de la jurisdicción y hoy jueces de un Estado conocen hechos punibles cometidos en otro. Y es así como el juez Garzón de España solicitó la extradición de Pinochet y de militares argentinos por crímenes de lesa humanidad para juzgarlos bajo jurisdicción de ese país. Ha sido creado el Tribunal Penal Internacional, que si bien no ha logrado la adhesión de Estados de mucho peso y goza de atribuciones limitadas, es una instancia para el juzgamiento de ciertos delitos, sin importar de qué país sean los imputados. El camino, todavía estrecho, abierto por el derecho penal, empieza a ser seguido por el civil. El comercio globalizado, la internacionalización de la contratación electrónica, la migración, entre otros factores, han alterado las normas del derecho internacional privado diseñadas para determinar la jurisdicción y ley aplicable. Se está imponiendo un derecho universal, como ocurría en tiempos del imperio romano, con el arbitraje como instrumento cada vez más usado para evitar conflictos de jurisdicciones y leyes y la sujeción a Cortes nacionales cuando el Estado es parte. Lo cierto es que cada día es más riesgoso para los Estados que sus gobiernos incumplan contratos, los terminen unilateralmente, atenten contra los derechos humanos, abusen de la ley, interfieran en las decisiones judiciales, retarden la administración de justicia, porque el afectado encontrará una jurisdicción internacional para que sus derechos sean restablecidos.

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