Juan Cuvi

Justicia relativa

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21 de April de 2013 00:03

Cornelius Castoriadis es uno de los principales pensadores europeos contemporáneos. Gran parte de su obra está dedicada a reflexionar sobre la crisis del sistema capitalista y el desmoronamiento de las sociedades occidentales. Sobre todo, le preocupa el vacío espiritual de la época, y la consecuente ausencia de valores. En un mundo donde el discurso liberal únicamente afirma como valor al dinero, Castoriadis sostiene que nada explica -excepto la amenaza del Código Penal- por qué un juez no debería vender su juicio al mejor postor, o por qué debería permanecer íntegro cuando puede decidir en asuntos que implican millones de dólares.

Desde un análisis de la justicia como componente imprescindible de la convivencia social, este pensador nos adentra en el complejo laberinto del relativismo institucional. O del mito de la independencia de poderes. Si un Gobierno puede meter sus manos en la justicia es porque existen jueces y funcionarios que lo permiten. No bastan los mecanismos autoritarios para manipular e intervenir en la Función Judicial: debe existir la condescendencia y el interés de parte de los manipulados.

Esta reflexión viene al caso a propósito de dos juicios que hoy se están ventilando en el país, y que ilustran de forma descarnada las anomalías de una justicia que colgó sus principios como guantes de box.

El primero es el proceso por violación a una menor de edad en contra de Jorge Glas Viejó, padre del Vicepresidente de la República electo, y que se ha convertido en una enciclopedia de las irregularidades jurídicas. Las interferencias desde las más altas esferas del oficialismo han sido tan evidentes que ratifican la preocupación política que existe al respecto. La presencia de una asambleísta de Alianza País en la última audiencia así lo confirma.

Pero para que este manejo arbitrario del proceso sea posible es necesaria la presencia de una autoridad judicial que lo facilite. No es casual, entonces, que a la cabeza del proceso esté un juez que, cuando actuó en el sonado juicio en contra de diario El Universo, ya demostró afinidad con una de las partes interesadas. Y que de paso dejó un rastrojo de dudas sobre su integridad.

El segundo es el juicio por injurias en contra del asambleísta Cléver Jiménez. Este caso, que al contrario del anterior sí compete al estricto ámbito de la actividad política, también cuenta con la aquiescencia de la jueza titular frente a las presiones oficiales.

No importan los cuestionamientos realizados al nombramiento de esta jueza por el mismísimo Baltasar Garzón, adalid internacional de la probidad judicial santificado por el Gobierno. El escarmiento como recurso político está por encima de la imparcialidad judicial, y el interés personal por encima del derecho público.