El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, respondió en tono molesto una carta del Human Rights Watch (HRW) que puso en duda la independencia del Poder Judicial. Para el funcionario, nada de lo dicho por esa organización tiene fundamento y sus señalamientos parten de una animadversión hacia el Estado y Gobierno ecuatorianos.
Es más, dice que la independencia judicial está ahora más garantizada que nunca. ¿Será cierto? Apenas dos datos, juzgue: dos de los tres miembros del Consejo de la Judicatura de Transición y los cinco del actual fueron funcionarios del gobierno de Correa, según recordó HRW. En los últimos años, el Poder Judicial ha respondido expedito a demandas y dichos del Presidente y coincidentalmente ha resuelto a su favor.
Jalkh indica que cuestionar la independencia de funcionarios judiciales por haber sido parte del gobierno (fue ministro de Justicia, Gobierno y secretario particular de Correa) es faltar al respeto. Para él, lo central es la trayectoria destacada de los funcionarios y que sus nombramientos cumplieron con los procedimientos legales.
Lo que no mencionó Jalkh es que esa cercanía con el poder no es deseable desde todo punto de vista. Lo dice la teoría, la práctica y lo señalan instrumentos internacionales, tal como lo trajo a cuento la carta que le envió HRW, a la que el funcionario encontró infundada. “Un juez no solo estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes Ejecutivo y Legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, sino que también deberá tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable”, indican los llamados Principios de Bangolare sobre la Conducta Judicial, documento de Naciones Unidas.
Dudo que un observador razonable pase por alto la cercanía que tuvieron con el Gobierno muchos de los actuales funcionarios de los organismos del Estado. Tampoco que en Ecuador no existe hoy una clara división de poderes, de pesos y contrapesos, de controles y rendición de cuentas. Si el Presidente se queja, las instituciones responden. El último ejemplo: ‘Bonil’.
La Función Judicial es esencial en la democracia. Es un contrapoder frente a los abusos, a la violación de derechos y el delito. Los jueces están llamados a responder solo a la ley, no al gobernante ni a los poderes fácticos. Los jueces deben exhibir autonomía fuera de toda duda. Por eso la inquietud y hasta el miedo de quienes son críticos del régimen. El poder sin contrapesos cae sobre ellos.
La defensa de la independencia judicial expresada por Jalkh no convence. Parapetarse afirmando que en todo tiempo pasado la situación fue peor, tampoco. Ciertamente hay mejoras en el sistema judicial. Pero el meollo, la independencia, permanece entre grandes signos de interrogación.