Milagros Aguirre

El juicio sin fin

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Martes, 15 de mayo de 2018. Se supone que sería la audiencia de juzgamiento que el Estado ecuatoriano sigue a un grupo de guerreros waorani desde hace cinco años. Se los juzga por haber atacado una vivienda tagaeri-taromenani para vengar con sangre la muerte de sus abuelos. Los guerreros fueron a la audiencia -que duraría tres días según les habían dicho- con sus familias convencidos de que se cerraría este capítulo en su historia. Aquellos que no asistieron están, literalmente, en aislamiento voluntario, y, en ejercicio de su autodeterminación, no han salido de su comunidad, desde que inició esta trifulca judicial, primero por genocidio y luego por homicidio, palabras que no están en su diccionario. Fueron, como debe ser, con lanzas, coronas y cantos.

Como no llegaron todos los involucrados se suspendió otra vez la diligencia. Hasta septiembre, dicen. Y así será, hasta el fin de los días pues difícilmente saldrán todos. A nadie parece importarle que los waorani deban comparecer desde lejos, movilizarse, buscar albergue y comida para asistir a una audiencia que no comprenden.
Esta es una más de las piezas de teatro del absurdo de la justicia ecuatoriana. Harán, algún día, una nueva audiencia, con peritos wao y traductores para decir que se ha seguido las recomendaciones de la Corte Constitucional acerca de la “interculturalidad”. Con eso justificarán la actuación del Estado en caso de que algún día sean llamados a las cortes internacionales. Aplausos. Cae el telón.

En el banquillo siempre estarán los más débiles, los que no pueden defenderse, los que han gastado durante cinco años un dineral que no tienen, en abogados, audiencias, prisión, idas y venidas, miedos, rabia y aislamiento, por algo que no consideran delito sino su propia justicia. Ellos ya están viviendo años de condena sin haber sido juzgados.

Pero jamás serán juzgados los funcionarios que avisados de que se daría el acto de venganza y que no movieron un dedo para evitarla; aquellos que no hicieron bien su trabajo de protección y monitoreo; los que durante ocho meses evitaron que se sepa nada del ataque aunque era secreto a voces; los que ocultaron información; los que impidieron el acceso al lugar de la incursión a otras autoridades diciéndoles que no tenían competencia; los que se negaron a investigar; los que quisieron callar a quien denunció la tragedia.

Tampoco se sabrá nada acerca de los que sobrevolaron las casas y chacras de los tagaeri y arrojaron alimentos, según declaración de quien fuera fiscal en 2013; los que vendieron municiones o los patrones de la madera que causaron una matanza similar en el 2003.

¿Creen que así han protegido la vida de los tagaeri-taromenani? ¿creen, en serio, que los guerreros waorani, sometidos esta presión, harán la paz con sus enemigos?