Sebastián Mantilla

Juez supremo

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28 de December de 2011 00:02

El Ecuador, a diferencia de sus resultados económicos, atraviesa por un ciclo recesivo en términos democráticos. El débil equilibrio que existía antes entre las diferentes funciones del Estado se ha roto. Luego de la consulta popular de mayo de este año, la Justicia ha quedado en manos del Ejecutivo.

La cooptación, la participación social, el debilitamiento del sistema de partidos y el control de prácticamente todas las instancias de control político, entre las cuales ahora se incluye al sistema de justicia, han llevado en este 2011 a la consolidación de un sistema autoritario.

El Presidente de la República se ha convertido en juez supremo. No son los jueces quienes mandan. Es el presidente Correa, como alguna vez mencionó no sé si en serio o de accidente, quien realmente maneja y controla todos los poderes del Estado.

Muestras claras de lo que acabo a afirmar hay varias. Alberto Dahik, después de que el juez Hernán Ulloa levantó la orden de prisión que pesaba sobre él, éste, en lugar de referirse al fallo del juez, agradeció de este hecho al presidente Correa, dando a entender que su regreso a Ecuador dependió en gran medida del presidente de la República.

Del mismo modo, Abdalá Bucaram Pulley ha declarado a la prensa que el regreso de su padre ha estado condicionado al apoyo que le ha solicitado el Ejecutivo. "…quieren, a través de este mecanismo que han utilizado con Alberto (Dahik), decirnos presenten la sustitución de medidas, entréguense a las cortes de Correa y Patiño, pero dennos los votos en la Ley de Comunicación". Sin embargo, para mantener las apariencias, el Régimen ha mencionado que los casos de Dahik como de Bucaram han sido netamente políticos. “…se trata de uno de los ejemplos más claros de judicialización de la política. Responde a un secuestro de la Función Judicial por parte del ex presidente León Febres Cordero”. Lo que no se dice es que la justicia, talvez peor que antes, está secuestrada por el actual Presidente.

Hechos como el juicio al diario El Universo y al periodista Emilio Palacio son realmente vergonzosos. Esto no solo se ha extendido al nombramiento de jueces afines al Gobierno de turno sino a situaciones más delicadas como las mencionadas por el asambleísta César Montúfar: “el fallo del juez Juan Paredes por medio del cual se dictaminó 3 años de prisión y el pago de USD 40 millones habría sido hecho por el abogado del presidente de la República, Gutemberg Vera”.

Lo denunciado por Montúfar no solo sería un caso inédito de intervención en la Justicia sino uno de los más graves de corrupción. Una vez que se han eliminado las barreras de control horizontal entre funciones del Estado, no hay nadie que se oponga al poder del nuevo juez supremo.