Las alertas sobre la presión que el anterior Gobierno ejercía sobre la justicia no eran recientes. En el 2014, el jurista peruano Luis Pásara ya revelaba un informe del sistema judicial ecuatoriano y decía que es “evidente el uso político de la justicia”. Ese mismo año, Human Rights Watch indicó que “por años, el poder judicial se ha visto afectado por corrupción, ineficiencia e influencia política”.
Para entonces, la Judicatura estaba en manos de Gustavo Jalkh. Pero en el Consejo de Transición, la actuación de los jueces ya dejaba dudas en al menos 12 casos. En esa lista aparecían los juicios contra diario El Universo, el coronel Rolando Tapia, Cléver Jiménez, Pablo Chambers, Gerardo Portillo (detenido el martes), expedientes contra los autores del libro ‘El Gran Hermano’, etc.
Entonces, parecería que los correos filtrados ahora solo confirman lo que se decía en esos días. Pero quienes han sido señalados por esos e-mails, lejos de explicar el contenido de los mensajes, han respondido con un lenguaje virulento y sus críticas apuntan a quienes se “robaron” los datos. Mala señal.
El país necesita que se aclare todo, que nada quede suelto. Sobre este caso urge una profunda investigación judicial, para que a través de esas instancias se indique si en las oficinas judiciales de Carondelet se conocían incluso algunos juicios privados.
Los juristas que en el 2011 no fueron aceptados para ser jueces nacionales quieren saber si el correo del 6 de octubre del 2011 es verdadero y si una funcionaria del Ministerio de Justicia calificó, aparentemente, de “casos peligrosos” a 98 postulantes al alto tribunal.
Los padres de 12 alumnos del Colegio Central Técnico buscan conocer si hubo presiones políticas para condenar a sus hijos.
Quedan muchas interrogantes. El presidente Lenín Moreno ha hablado de la independencia de funciones. Eso está bien y que la Constitución (art. 168) se cumpla a cabalidad, para que los jueces gocen de independencia interna y externa. Que no se hable más de la metida de mano en la justicia.