Jorge G. León Trujillo

El poder de la ‘judiciopolítica’

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30 de July de 2011 00:02

Los procesos judiciales que el Presidente ecuatoriano sigue a periodistas y medios de prensa llevan a la judicialización de la política y a la politización de la justicia. La tendencia no es excepcional en Ecuador actual, pero tiene sus matices. Enjuiciar a oponentes o plantear a la justicia algún tema álgido a escala pública, tiende a someter a los procesos judiciales a presiones políticas o a parámetros políticos más no a regirlos por normas legales. El poder político actúa normalmente así si tiene posibilidades de ganar. También, el debate político se empobrece, pues deja que los jueces resuelvan algo que debería hacerse con debates de razones. En un caso se desvirtúa la justicia y en el otro el juego político. En los dos, para dar legalidad a posiciones políticas, el proceso de justicia se vuelve una formalidad, no tanto un ejercicio de justicia.

Adicionalmente, Correa ha hecho una potente importación de una tradición de EE.UU.: ponerle precio a la demanda judicial, cuando se podría buscar sanción sin monetarizar la causa. Los bufetes de abogados son florecientes empresas en Estados Unidos. Cada cual calcula cuánto puede sacar de un juicio. Allá, sin embargo, este ejercicio no es simple ni fácil de lograr, debido a la institucionalización de la justicia; los procedimientos, normas y valores implicados en el ejercicio judicial limitan lo arbitrario y el cálculo circunstancial. En nuestro caso, predominan los cálculos en la aplicación de justicia, lo que aumenta los márgenes de discriminación. Así, lo que podríamos llamar la ‘judiciopolítica’, ese uso político y politizado de la justicia, podría eternizarse, vista la tradición autocrática de ciertos gobernantes.

Si a ello añadimos la importación del sistema gringo de buscar los millones a través de juicios, el gusto por apropiarse de la justicia tendrá otro potente incentivo. Mañana podría llegar al gobierno un oportunista sediento de dinero que ya tendrá entonces el mejor medio legal para hacerlo.

Un fundamento de la democracia es limitar el poder del gobernante y no tener dudas sobre la justicia, pero con la ‘judiciopolítica’ monetarizada vamos en camino opuesto. Es indispensable establecer limitaciones a muy probables abusos y corrupción por la presión o compra de jueces para enriquecerse. Recientemente un ex presidente, justo cuando llegó al poder logró del IESS un jugoso retiro en tiempo récord. Correa planteó el juicio al Pichincha en vísperas de ser Presidente; ahora el juicio a periodistas y periódico. Todo indica que debemos prohibir que un gobernante pueda hacer estos juicios en un período definido antes, durante y después de su ejercicio. Ser gobernante democrático exige primero responsabilidades y sacrificios; hace parte del rol ser objeto de rechazo, alabanza, mofa, acusaciones, antes que tener ventajas o ser intocable.