Empecemos por lo principal, no podemos vivir con miedo. Mientras planificaba la demanda mucha gente me conminaba a que me abstenga; quién sabe qué consecuencias nefastas me caerán.
Pero, si por miedo los ciudadanos nos frenamos ante los atropellos, precisamente haremos que las injusticias se perpetúen. Si el temor nos impide accionar el sistema judicial cuando legítimamente requerimos que se amparen nuestros derechos, terminaremos por perder el Estado de Derecho y la sumisión de todos los actores al imperio de la ley. Si dejamos que el pavor nos silencie, desmantelaremos nuestra democracia. La cobardía solo ayuda a la comodidad del abusivo. Es hora de que digamos, ¡no más miedo!
La lógica jurídica detrás de le la demanda es clara. Si el Presidente utiliza su cuenta de Twitter para comunicar información pública no puede bloquear a ciudadanos, puesto que esto atenta contra su derecho a la información (lo que me ocurrió a mi).
Es más, incluso si Correa se limitaría a utilizar su cuenta para temas personales – subir fotos de su perro Segismundo, etc. – sería muy debatible que pueda excluir a ciudadanos del acceso a esta información. Recordemos que la vida privada de los políticos y de las personas públicas tiene un carácter de interés público. Así como un escándalo sexual de un político, a pesar de que afecte a su intimidad, es parte de la información pública, el contenido de sus opiniones – incluso si se las formula desde una posición personal – no puede ser excluido del conocimiento de los ciudadanos.
Cuando se trata de información que claramente no es íntima – su agenda en tanto que Presidente, argumentos acerca de la acción gubernamental, etc. – el debate es inexistente. Si el Presidente utiliza su cuenta de Twitter como una herramienta de comunicación de información pública, no puede excluir a ciudadanos de tener acceso a ella.
Imaginemos que esto es una retaliación a comunicaciones mías en esa red que no le gustaron (esto es apenas una suposición, porque no se me dio ninguna justificación). No hubo ningún proceso en donde se me permita defenderme u oponerme a los argumentos que justificarían una sanción (sanción que además no está estipulada en la legislación), ¿a cuenta de qué se me bloquea de esa información pública?
Son miles de ciudadanos los que han sido bloqueados sin justificación ni posibilidades de defensa. ¿Es que acaso la comunicación presidencial es solo un club selecto para admiradores?Si algo juró y perjuró esta administración es el carácter fundamental del derecho a la información. Pues, yo lo he visto violado, y el sistema de derecho permite requerir una compensación.
¿Habrá un sistema judicial independiente e imparcial que proteja nuestros derechos? Ya lo veremos. Lo esencial ahora es que no tengamos miedo a reivindicar lo justo.