Juan Cuvi

La salud privatizada

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El correísmo está haciendo doctrina de la demagogia. Quiere resolver cualquier metida de pata o cualquier escándalo a punta de locuacidad. Pretende torcer la realidad con declaraciones.

Ahora resulta que el Gobierno va a esclarecer un perjuicio al IESS que ha sido denunciado por organizaciones de la sociedad civil desde hace años. La alharaca que han armado a propósito de la gigantesca transferencia de fondos públicos a clínicas privadas no podrá ocultar la negligencia ni la complicidad oficiales en este abuso. Desde que se aplicó esta modalidad de servicios, muchas voces exigieron –infructuosamente– transparencia y control.

En 2015, una investigación de Pablo Iturralde (La privatización de la salud en el Ecuador) ya advertía sobre los mecanismos que habían permitido este negociado, y señalaba a los principales grupos económicos beneficiarios. No obstante, jamás hubo una respuesta de las autoridades. Al parecer, toda iniciativa que surge de la sociedad civil es menospreciada por el poder político.

Hace un mes se difundió por medios electrónicos una investigación de Pablo Dávalos sobre el negocio de la medicina prepagada durante la era correísta (Salud Inc. Monopolio, ganancia y asimetrías de la información en el aseguramiento privado de la salud). Dos planteamientos ponen el dedo en la llaga: primero, que la deficiencia deliberada del sistema nacional de salud facilitó el crecimiento de este sector privado de aseguramiento; segundo, que la única finalidad de las políticas de salud en esta década ha sido la adhesión electoral de la ciudadanía; es decir, puro clientelismo apuntalado en la bonanza.

Hasta ahora no existe una respuesta desde el Gobierno ni desde la dirección del IESS a esta investigación.

Al contrario, la estrategia oficial busca descargar las responsabilidades en las administraciones anteriores. Como si los directores del IESS fueran designados por inspiración divina. Caen del cielo. Los ecuatorianos nos preguntamos cómo así algunos permanecieron durante tanto tiempo en sus cargos sin que nadie les objetara decisiones tan perjudiciales para los afiliados. Aquí existen responsabilidades de última instancia que deben ser esclarecidas.

Pero también hay que desentrañar el andamiaje de mecanismos y argucias que operan detrás de los grandes contratos estatales. Que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones puede aplicarse con total pertinencia al campo de la salud pública. La gratuidad establecida en la Constitución de 2008 fue utilizada como paraguas para transferir colosales sumas de dinero a grupos privados, argumentando la incapacidad del sector público para cubrir la creciente demanda de servicios.

¿Quiénes desde el poder han favorecido este perverso dispositivo?